Condenas que suman 51 años de cárcel para la red que introducía coca por el Puerto de Vigo

U. FOCES - VIGO Ni nulidad de escuchas telefónicas ni existencia de un agente encubierto de la DEA que indujera al delito. La Audiencia Nacional ha condenado a penas que suman 51 años de prisión y multas individuales de 42 millones de euros a los cinco integrantes de una red de narcotráfico juzgada por introducir cocaína de Sudamérica en contenedores por el Puerto de Vigo.
La organización fue desarticulada por el Greco Galicia y la Guardai Civil tras un aviso de la DEA americana en junio de 2007 con la intervención de un alijo de 377 kilos de cocaína con un valor por kilos en el mercado ilícito superior a los 14 millones de euros. La droga de la "Operación Cometa" iba oculta en el empaquetado de las cajas de bonito congelado que conformaban la carga legal procedente de Panamá.
La pena más alta, 13 años y medio de prisión, recae en el jefe de la organización y contacto con los colombianos dueños de la droga, el arousano Santiago Martínez Lago, que en 2007 también fue condenado a 14 años de cárcel por un transporte de 2.700 kilos de cocaína en el Poseidón.
El resto de los procesados, que admitieron los hechos durante el juicio, se conforman con penas de 9 años y un día de prisión. Se trata del vigués Fernando Díez (lugarteniente del cabecilla) y a cuya empresa frigorífica Galicia Sea Foods S.L., con sede social en el puerto pesquero de Vigo, venía dirigido el contenedor; el arousano Benito Rial Chaves (viejo conocido de las fuerzas antidroga); el guardia civil lalinense destinado en el Puerto de Vigo Francisco Pampín Medela y el ex agente del Instituto Armado José Manuel Quiroga Pérez, también procesado en otra causa de drogas.
A los dos agentes se les impone, además, otro año de prisión por tenencia ilegal de armas ya que en el registro de sus domicilios se hallaron numerosas armas de fuego y munición para las que carecían de licencia.
El Tribunal considera probado que los cinco procesados, puestos de común acuerdo en torno al mes de abril de 2007, "organizaron un transporte por vía marítima para introducir cocaína desde Sudamérica para su distribución en Galicia y resto de España", utilizando la empresa Galicia Sea Foods S.L.
El recorrido del contenedor incautado, las medidas de seguridad y la participación de cada condenado en la red, se relata a través de las conversaciones y mensajes telefónicos intervenidos entre los implicados, y coinciden "plenamente" con la vigilancia y seguimiento de los agentes que efectuaron la apertura controlada del contenedor y aprehendieron la droga.
La participación en la operación de Santiago Martínez Lago, el único de los acusados que se negó a declarar durante el juicio, y su papel de supremacía sobre el grupo queda acreditado también por las declaraciones de los demás procesados, según recoge la sentencia notificada ayer.
El fallo de la Audiencia Nacional acuerda, además, el comiso de las armas intervenidas, del alijo de droga para su destrucción definitiva si no se hubiese verificado; así como del dinero incautado (162.000 euros), y la cantidad obtenida en su día con la comercialización del bonito congelado que conformaba la carga legal y que debe figurar ingresada en la cuenta de consignaciones del juzgado.
Todos estos bienes, al igual que los teléfonos móviles, efectos informáticos e instrumentos de comunicación que se incautaron, tendrán como destino el Fondo de Bienes Decomisados.
En cuanto a las participaciones sociales de la empresa Galicia Sea Food S.L. pertenecientes al empresario Fernando Díez Castro, la sala ordena que deben ser atribuidas a las responsabilidades pecuniarias del condenado y considera que no procede acordar la disolución de la firma al pertenecer la mitad de sus acciones a un tercero "ajeno al delito que se enjuicia".