S.R. - PONTEVEDRA
Galicia continúa siendo una de las zonas calientes por excelencia de la cocaína en Europa, pero cada vez menos. Lo afirmaba ayer el fiscal antidroga de Pontevedra, Marcelo Azcárraga, al hacer balance de éxitos como la “Operación Volusia” contra el menudeo de estupefacientes desarrollada en el poblado de O Vao y que se saldó con 19 imputados. Este tipo de dispositivos policiales y un mayor control de buques y puertos ha motivado que el precio de la cocaína se incremente “y que haya sensación de desabastecimiento”.
La procedencia de la droga es otra de las claves que hablan de un cambio: si hasta el momento la cocaína se importaba directamente de Latinoamérica, en la actualidad ha crecido el flujo procedente de otras comunidades españolas, algo que los especialistas interpretan como un signo de que las rías gallegas dejan de ser el principal punto de arribada.
Y el hecho de que la cocaína no proceda directamente desde los países productores sino de otros puntos de España también trae aparejado otro efecto: la droga está más adulterada, un bajón de calidad que ya se habría detectado en el mercado gallego al menudeo.
Reorganización
A mayores, otros factores hablan de una reorganización de las redes para hacer frente al incremento de los controles y al trabajo de las unidades especializadas. Es el caso de los métodos de alijado: si anteriormente las mafias de narcos optaban por transportar los fardos en buques, en la actualidad se decantan por otros sistemas como el de los contenedores. “Pero también en ese caso se están produciendo importantes éxitos”, indicó el fiscal antidroga.
Este profesional participó ayer en la clausura en Pontevedra del Curso de Especialización en Policía Judicial organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia en colaboración con la Policía. Además de la situación del narcotráfico en Galicia, este fiscal también se refirió al fallecimiento en la cárcel de Monterroso debido a un infarto del ex sargento de la Guardia Civil José Antonio Rodríguez Conde, que encabezó el Servicio Fiscal del Instituto Armado en el puerto de Marín hasta su arresto el pasado verano por su supuesta vinculación con un alijo de más de 800 kilos de cocaína. Azcárraga expresó su pesar “como cualquier persona” por esta muerte, “y más en estas circunstancias porque este señor pasó los últimos meses de su vida en prisión”.
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