C. GARCÍA - PONTEVEDRA
El Tribunal Supremo acaba de darle la vuelta a una polémica decisión adoptada en su día por la Audiencia de Pontevedra que absolvió a cuatro presuntos narcotraficantes acusados de participar en una operación de transporte de 500 kilos de cocaína incautados en la denominada "Operación Trailer" en el año 2002. Los magistrados exculpaban a cuatro de los cinco acusados en este proceso al declarar nulas las escuchas telefónicas lo que suponía la retirada de casi la totalidad de la carga probatoria obtenida contra ellos.
El Alto Tribunal, atendiendo al recurso presentado por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, anula el fallo dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia pontevedresa y le ordena volver a dictar sentencia contra los acusados que resultaron absueltos, pero esta vez teniendo en cuenta el contenido de los pinchazos telefónicos, así como los testimonios de los agentes de Aduanas que desarrollaron la operación e incluso del vídeo grabado con los encuentros de los acusados. El Supremo considera "erróneo" el criterio de la Audiencia Provincial y estima que los pinchazos "son legítimos y procesalmente válidos".
En mayo de 2009 la Audiencia de Pontevedra dictaba sentencia por este caso. De los cinco procesados, tan sólo condenaba a uno de ellos, el vilagarciano Agapito Juez Porras, al que imponía una pena de 3 años, frente a los 13 y medio que solicitaba el fiscal, al aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas.
El Ministerio Público solicitaba una pena similar de 13 años y medio, para los otros cuatro implicados que resultaron absueltos, decisión que ahora deberá ser revisada. Se trata de Julián Guerrero Iglesias, quien viajaba en el camión que conducía Agapito Juez cuando fue interceptado camino de Cataluña con 500 kilos de cocaína entre su carga y supuesto hombre de confianza, según el fiscal, del que sería organizador del transporte, el catalán Oscar Jesús Torres Torres. El Ministerio Público consideraba que este último se puso en contactó con otro de los procesados, Ignacio González Lombardía, para que organizase el transporte de la droga entre O Salnés y Cataluña y que este a su vez requirió los servicios del único condenado por estos hechos, Agapito Juez, y su jefe Antonio García Pérez.
La decisión del Supremo viene a respaldar también la instrucción realizada por el entonces juez de Vilagarcía, José Antonio Vázquez Taín, en uno de los primeros casos de narcotráfico que instruía el magistrado desde su despacho en la capital arousana.
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