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El patrimonio de 30 millones intervenido al clan Charlín no llega para cubrir sus multas

Los drogodependientes no recibirán ni un euro al anular el Supremo el fallo de la Audiencia Nacional y ordenar el pago de sanciones fiscales

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U. FOCES - VIGO Manuel Charlín, el Patriarca del clan de narcos más grande de Arousa, se prepara para salir de prisión tras pasar 20 años encarcelado, pero la Audiencia Nacional aún no ha subastado el patrimonio valorado en 30 millones de euros que fue intervenido a la familia hace 15 años. Una fortuna valorada entonces en 30 millones de euros, procedente en su mayoría de los juegos de azar y del cocedero Charpo que resultó "una mina de hacer dinero", según declaró el septuagenario en uno de sus juicios en la Audiencia Nacional, insuficiente para hacer frente a los cien millones de euros que adeuda el clan familiar al Estado en concepto de multas y responsabilidad civil por condenas de tráfico de drogas a gran escala y blanqueo de capitales que les han supuesto más 150 años de prisión.
El holding empresarial y patrimonial embargado en España y Portugal al clan "Charlín" se devalúa sumido en el abandono y resulta insuficiente para hacer frente a las deudas con Hacienda de Manuel Charlín Gama, conocido también como el Viejo; su mujer Josefa Pomares, casi todos sus hijos y algunos de sus nietos.
Una deuda que no impide que vayan saliendo en libertad según cumplen las penas impuestas, ni que recuperaran hace dos años –previo pago de 800.000 euros–, la depuradora Sochar en A Illa de Arousa, que salió a subasta por un litigio laboral con las empleadas de la desaparecida conservera, Charpo, también de su propiedad, iniciado 18 años atrás.
Con la próxima salida de la cárcel de A Lama del Viejo, y de su mujer, Josefa Pomares hace dos, pronto sólo quedará encarcelada su hija mayor, Josefa, fugada de la Justicia mientras juzgaban a su familia, que la situó al frente de los negocios familiares ante el tribunal. Tras ser apresada años después en Portugal, fue juzgada en solitario y recibió las penas más altas.
Al contrario de lo que ocurrió con el emblemático Pazo de Baión, confiscado al capo Laureano Oubiña, ni un euro del dinero que se logre en la subasta de los bienes de la familia Charlín Pomares irá al Plan de la Lucha Antidroga ni a la atención de drogodependientes, pese a que la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional fijaba que la mitad de lo que se obtuviera se dedicaría a ello. El Tribunal Supremo descartó tal posibilidad y ordenó que se destinara íntegramente al pago de las multas millonarias a Hacienda.
El holding intervenido al clan incluía 14 sociedades que fueron clausuradas por la Audiencia Nacional, empresas como conserveras y cocederos de mariscos, inmobiliarias, varias bodegas de albariño y lujosas quintas en Portugal, así como el pazo de Vista Real en Vilanova, solares urbanos y rústicos en la ciudad de Pontevedra y en Rianxo, y los chalés donde tienen sus domicilios familiares los condenados, que siguen disfrutándolos pese al embargo. La mayoría de los bienes fueron adquiridos con grandes cantidades de dinero en efectivo (algunos vendedores aseguraron que los billetes olían a tierra), en ocasiones a través de testaferros.
Frente a la tesis de la Audiencia Nacional que consideraba que los cien millones de euros en multas debían pagarse al margen del patrimonio intervenido, el Tribunal Supremo dio la razón a la defensa de Manuel Charlín, ya que además de rebajarle a 13 años la pena de prisión impuesta por tres delitos fiscales (le retiró uno), anuló el decomiso de los bienes de la familia al considerar que no se había probado que hubieran sido adquiridos antes de 1990 ni que todos procedieran del tráfico ilícito de drogas a gran escala.
El Alto Tribunal acordó su embargo para que los condenados hicieran frente a las multas tanto de responsabilidad civil como de fraude al fisco. Las empresas apenas funcionan y los bienes a la espera de ser subastados, excepto los domicilio de los detenidos que gozan hasta de cámaras de vigilancia, sufren el total abandono al que se vieron sometidos desde que en 1995 Baltasar Garzón los intervino.

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