F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA
"Cuando años después me llegaron las facturas de dos garajes, no entendía de qué se trataba; me fui a la promotora a que me lo explicaran y de allí directamente a denunciarlo", declaró M.S.P., acusada de ser la testaferro del arousano Víctor Manuel González Silva, condenado por narcotráfico en el año 2000 y muerto en mayo de 2005 en un ajuste de cuentas en Dornelas, Silleda. La denunciada, que se enfrenta a tres años y medio de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales, se sienta en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra junto a los padres y la hermana del fallecido, todos ellos vecinos de Vilagarcía, y del promotor que vendió dos pisos y cuatro garajes al difunto, con los que, según la acusación del fiscal, todos ellos habrían negociado con dinero procedente de las actividades ilegales del fallecido.
Los padres y la hermana del narcotraficante asesinado se negaron a declarar. y su defensa sostiene que el dinero procedía de un premio de la lotería. Sus abogados solicitaron por ello, antes de iniciarse la vista, la suspensión de la misma por faltar la prueba del extracto bancario correspondiente al premio. El fiscal pide penas de 5 años de prisión y multas de un millón de euros para cada uno por un delito continuado de blanqueo de capitales.
Por su parte, el promotor J.M.G.B., vecino de Moraña, se enfrenta a una pena de tres años y medio de prisión con multa de 400.000 euros como supuesto responsable de un delito de blanqueo, al igual que la amiga del fallecido.
La trama que desde ayer se juzga en la Audiencia de Pontevedra se extiende a toda una operación financiera continuada, que tendría como propósito ocultar un dinero procedente del narcotráfico y que excedería de un millón de euros.
Según la acusación de la Fiscalía, el padre del fallecido en el ajuste de cuentas de Silleda, M.G.I., efectuó a través del Banco de Inversiones actividades financieras en Alemania, Luxemburgo y Reino Unido, por un importe de 233.481,25 euros, por las que recibió o cobró 141.906,05 euros.
Al mismo tiempo, la madre, M.C.S.F., también habría realizado adquisiciones de valores. Las más significativas por importes de 17.600 y 10.000 euros, aproximadamente, así como transmisiones por más de 17.000 euros.
A la hermana del fallecido, M.M.G.S., se le atribuyen inversiones por conceptos análogos a los anteriores, por 361.424,94 euros, así como haber recibido pagos por 223.646,02 euros.
Según la acusación del Ministerio Fiscal, ninguno de ellos había presentado declaración por el IRPF en el período de los hechos juzgados, siendo cada miembro de la familia socio a un 25 por ciento de la empresa "Vilaboa Import S.L.", dedicada al comercio de vehículos usados y servicios de hostelería.
A esto se añade la compra y venta de dos pisos y cuatro garajes situados en la Avenida de Cambados de Vilagarcía, con los que –según el fiscal– la familia del fallecido habría blanqueado una parte del dinero procedente de las actividades del muerto.
El promotor, J.M.G.B., buscó la comprensión del tribunal argumentando que "isto tocóume a min o mesmo que a quen lle toca un cáncer. Son unha persoa honrada que só me dediquei ó meu traballo e que non busquei nada disto". El juicio continúa hoy.
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