JUAN CALVO - CANGAS
El titular del Juzgado número 3 de Cangas puso ayer en libertad a los dos ciudadanos georgianos que fueron detenidos por la Guardia Civil de Cangas en febrero del pasado año acusados de perpetrar robos en supermercados, hoteles, restaurantes y pisos de Galicia y de León. El juez considera que no hay razones para ampliar el régimen de prisión preventiva en el que estaban Román Strileki y Stas Blinski, que ahora están pendientes del juicio, entre otras razones porque aún no terminó la instrucción del caso. La investigación está pendiente de que un juzgado se declare competente ya que pese a que los arrestos se efectuaron en Cangas, no cometieron ningún delito en este municipio: en un principio se creyó que el asunto podría ir a parar a los juzgados de Redondela, donde presuntamente habrían delinquido, pero el magistrado se inhibió, según manifestó ayer uno de los abogados defensores. Existe otro escrito del juzgado cangúes dirigiéndose a la Audiencia para que determine la competencia.
El sumario de la causa es largo porque a los georgianos que quedaron en libertad se les relacionaba con una banda organizada con ramificaciones en Alicante y Sevilla. De hecho, uno de los detenidos fue atendido por un abogado local al que se le pagó desde Sevilla.
Al día siguiente de su arresto, efectuado el 11 de febrero de 2009, la Policía Judicial de Ourense acudió a Cangas para ampliar diligencias. Cuando fueron detenidos en Cangas, la Guardia Civil de Ourense les seguía la pista. La Benemérita los consideraba responsables del robo de cuatro supermercados de la provincia de Pontevedra, de tres en Ourense y, en la provincia de A Coruña, de sustracciones en pisos de la ciudad herculina, Padrón y Cambre, así como en varios supermercados.
Los georginanos contaban cuando fueron detenidos con documentación falsa: de hecho, en Cangas se identificaron como polacos. La Guardia Civil de Ourense decía tener pruebas de que los arrestados se hicieron con 6.000 euros en los robos, además de sustraer joyas, ordenadores y cámaras fotográficas. Además, se sospechaba que uno de los detenidos tenía alquilado un piso en A Coruña. La Guardia Civil tenía señalados en su base de datos los vehículos en los que operaban los detenidos y los otros dos individuos que lograron huir ese 11 de febrero.