M. FONTÁN - VIGO
El juicio por uno de los atentados más brutales reivindicados por el GRAPO arranca hoy en la Audiencia Nacional. Siete procesados se sentarán en el banquillo para responder por el asalto con bombas lapa y disparos a un furgón blindado de Prosegur ocurrido en la Carretera Provincial de Vigo hace casi diez años y que se saldó con dos guardias jurados muertos y un tercero herido. La Fiscalía solicita condenas que oscilan entre los 155 y los 12 años de cárcel para los imputados (hasta sumar un total de 927 años) y, en el apartado de indemnizaciones, demanda que abonen cantidades que suman más de 870.000 euros.
Las mayores cantidades se solicitan para las viudas e hijos de los dos fallecidos –400.000 euros para cada familia–, mientras que el resto se reparten entre el vigilante herido –10.000 euros–, las personas que sufrieron lesiones debido a las ondas expansivas de las bombas y los propietarios de inmuebles y coches dañados. El Estado abonó ya indemnizaciones a las víctimas.
La acusación pública considera que en el atentado ocurrido la mañana del 8 de mayo de 2000 se incurrió en un delito de pertenencia a organización terrorista, en otro de intento de robo con intimidación, en seis delitos de terrorismo (dos con resultado de muerte y cuatro con resultado de lesiones) con alevosía, en uno de tenencia de explosivos, en otro de estragos terroristas y, finalmente, en un delito continuado de falsedad en documento público. De todos ellos deberá responder Israel Torralba, para el que se solicitan 155 años de cárcel y al que la fiscal considera autor material del asalto junto a Mónica Refojos, Esther González, Marcos Martín Ponce y Fernando Silva Sande. Para estos últimos, el ministerio público demanda 152 años de cárcel, igual que para Manuel Pérez Martínez, "Camarada Arenas", al que se atribuye ser el jefe intelectual del ataque terrorista. El último acusado es José Luis Elipe, que se enfrenta a 12 años de prisión por supuestamente falsificar la documentación con la que Israel Torralba habría alquilado el coche en el que huyeron y el garaje en el que lo guardaron. La Fiscalía sostiene que el GRAPO planeó este asalto frustrado para obtener fondos económicos "para el desarrollo de sus ilícitas actividades criminales con las que se pretendía crear una grave alteración de la paz pública y la subversión del orden constitucional".
