C.G. - PONTEVEDRA
Tres de los cinco empresarios empresarios que desde ayer se sientan en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra acusados de integrar una red que se dedicaba a explotar a inmigrantes ilegales en la carga y descarga de pollos en granjas avícolas de la provincia de Pontevedra reconocieron que empleaban a inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España. Insistieron en que las condiciones de trabajo de estas personas eran "exactamente las mismas" que las de los empleados en situación legal, incluidos ellos mismos.
Algunos de estos trabajadores relataron que trabajaban hasta 12 horas seguidas, "No teníamos horario, no sabíamos a qué hora entrábamos y ni a la que íbamos a salir", dijo uno de ellos. Cobraban tres pesetas por pollo descargado. "A veces comenzaban a las cinco de la tarde y terminábamos a las 6 de la mañana", dicen.
El presunto líder del entramado, Jorge Ignacio L. M., ejercía, según el fiscal, "la jefatura" del resto de los implicados, "recibiendo los encargos de los diferentes mataderos y granjas, distribuyendo el trabajo de carga y descarga entre los distintos equipos". Éste negó las acusaciones y dijo que se limitaba a contratar con diferentes empresas o autónomos las descargas de pollos.
