R. PRIETO - A CORUÑA
Embarcaciones de Vigilancia Aduanera con más de 20 años de antigüedad, reparaciones que dejan sin vigilancia algunas zonas de la costa gallega hasta casi un año, funcionarios con una media de edad de 50 años, una plantilla que no ha sido ampliada desde hace cuatro años y personal embarcado y de los equipos de investigación sobre alijos que son trasladados a las oficinas de Aduanas para temas fiscales. Ésta es la situación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Galicia. Y con el recorte presupuestario derivado de la crisis, los sindicatos CSI-CSIF, CIG y UGT alertan de que la costa gallega está quedando desprotegida en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Ante esta falta de medios y de personal, las centrales sindicales reclaman al Gobierno que no restrinja más el presupuesto y la plantilla y emplazan a la creación de una policía fiscal dentro de la Agencia Tributaria pero desvinculada de Aduanas, de forma que pudieran trabajar para cualquier departamento.
En el caso de Galicia, a diferencia de lo que ya está ocurriendo con el SVA de comunidades como País Vasco, Baleares o Andalucía, ninguna de las seis bases marítimas –A Coruña, Muros, Vigo, Marín, Vilagarcía y Ribadeo– ha quedado inoperativa durante varios días debido al traslado del personal embarcado a tareas administrativas o de recaudación en Aduanas.
Sin embargo, desde CSI-CSIF, Jesús Barcón denuncia el traslado a trabajos administrativos del personal embarcado con problemas de salud y de miembros de los equipos de investigación de operaciones en alta mar. Ese déficit de personal en Vigilancia Aduanera se agrava con la falta de incorporaciones a la plantilla en Galicia desde hace cuatro años y con la edad de los funcionarios embarcados, con una media de 50 años.
Retrasos
Pero no sólo la falta de personal beneficia a las redes de narcotráfico que pretenden introducir droga en Galicia. Los retrasos en las reparaciones de las embarcaciones –que en la actualidad deben ser autorizadas por Madrid, con la ralentización que, según denuncian los sindicatos, eso supone– también provocan la desprotección de una parte de la costa gallega. ¿El motivo? Las patrulleras se ven obligadas a dejar sin control algunas áreas de su radio de acción para cubrir a las embarcaciones averiadas. En algunos casos, como ocurrió en la base de Ribadeo –según advierte desde UGT Mario Souto– la Alcaravan II estuvo desde noviembre de 2008 hasta el pasado mes de octubre amarrada en el puerto y sin realizar servicios pendiente de la reparación del motor. "Los problemas de logística se traducen en más barcos parados durante más tiempo porque los plazos de espera de tramitación y, por tanto de reparación se hacen más largos", lamenta Souto.
Desde la CIG, Antón Lestón cuestiona la "restricción" presupuestaria "impuesta" desde la Dirección General de Vigilancia Aduanera, una decisión que, advierte, "repercutirá" en las aprehensiones, al tiempo que denuncia que "se pretende controlar las mismas zonas de trabajo dedicando menos horas de trabajo efectivo". Para el secretario general del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, Ceferino Trillo, el principal problema de Vigilancia Aduanera radica en "depender orgánicamente de la Agencia Tributaria". Con el nuevo sistema –advierte Trillo, en alusión a la reducción de la operaciones por tierra y mar–, "se deja que la droga llegue a los colegios, aunque sea de manera inconsciente".
Una de las medidas que reclama la CIG para mejorar el servicio de Vigilancia Aduanera pasa por firmar un convenio entre el Ministerio de Fomento y la Agencia Tributaria. Su petición, presentada en febrero, pasa por el uso por parte de funcionarios del SVA de los medios que tiene Salvamento Marítimo en el centro zonal de coordinación de Salvamento en el monte Enxa de Porto do Son para el control de barcos ilegales. Pero esta solicitud sigue a la espera de respuesta.
