C.G. - PONTEVEDRA
Cinco personas procesadas por supuesta vinculación a una red de explotación de inmigrantes se sentaron ayer en el banquillo del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra acusadas de un delito contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el juicio tuvo que ser suspendido hasta el próximo 23 de noviembre por la incomparecencia de varios testigos, en su mayoría víctimas de esta supuesta trama que utilizaba como mano de obra barata a extranjeros sin papeles en labores de carga y descarga de animales en granjas avícolas de toda la provincia.
De las cinco personas imputadas, el fiscal señala como cabecilla al pontevedrés Jorge Ignacio L. M., quien, según el escrito de acusación, "ejercía la jefatura" del resto de los imputados, "recibiendo los encargos de los diferentes mataderos y granjas, distribuyendo el trabajo de carga y descarga ente los distintos equipos" y "liquidando la cantidad a pagar a cada uno de ellos con los respectivos jefes intermedios –los otros cuatro acusados– previa detracción del correspondiente porcentaje que se quedaba él".
Supuestamente, él mismo llegaba a dirigir en ocasiones "la contratación de los integrantes de cada grupo de trabajo, a cuyos jefes les daba indicaciones de los extranjeros irregulares que había que contratar" e incitándoles, dice el fiscal, a contar los servicios de trabajadores sin permiso de trabajo "para incrementar los beneficios". Asegura el Ministerio Público que José Ignacio L. M. no sólo era consciente de las condiciones en las que trabajaban estos "sin papeles", sino que además "ejercía auténticas facultades disciplinarias sobre los mismos, castigando sin trabajo y, por tanto, sin salario, a los equipos que habría sufrido una muerte elevada de animales en la carga anterior".
El fiscal reclama una pena de cuatro años de prisión y multa de unos 14.400 euros para el supuesto jefe de la red. En un nivel inferior sitúa al resto de los implicados, Mohamed M., Mercedes P. M., María Nieves T. C. y Mohamed I. que lideraban los equipos de trabajo, pide para ellos 3 años de cárcel y multa de 5.400 euros. El 31 de mayo de 2006 se llevó a cabo una redada conjunta en tres granjas avícolas de Silleda, Cambados y O Rosal en donde fueron detenidos los imputados y 8 víctimas extranjeras en situación irregular.
