El Fiscal Especial Antidroga de Pontevedra, Marcelo Azcárraga Urteaga, abogó ayer en Gijón, en las jornadas de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, por realizar cambios legislativos que faciliten la lucha contra las mafias de la droga. "La legislación no es precisa y está desactualizada. Por ejemplo, las intervenciones telefónicas se regulan sólo en un párrafo", indicó.

Azcárraga también se refirió a los efectos que las últimas operaciones antidroga tienen en las rías gallegas: "Están generando mucha desconfianza de los narcotraficantes sudamericanos sobre la capacidad de las organizaciones gallegas para desembarcar la droga". En lo que va de año, han sido detenidos destacados pilotos de embarcaciones rápidas, claves en el tráfico de drogas en Galicia, y se ha desmantelado gran parte de la infraestructura y la logística de los narcotransportistas a los que se han intervenido numerosas planeadoras.

Otra de las claves, para el fiscal, es luchar contra la complicidad de un sector de la sociedad. Lo explica con un ejemplo: "Nadie puede transportar desde Italia una embarcación de 20 metros y 1,5 millones de euros, ocultarla en Galicia y pertrecharla, sin la complicidad de quien la transporta, el que vende los motores o el que los instala acudiendo con una capucha puesta hasta donde está para no ver dónde se oculta".

El fiscal pontevedrés recalcó la conveniencia de cambios legales para luchar contra las mafias de la droga, porque en los juicios "la única defensa que tienen los narcotraficantes es la anulación de las pruebas; el resto está claro. Un error en la instrucción por vulneración de derechos fundamentales puede llevar al fracaso una investigación".

¿Solución? "Legislar conforme a lo que ya ha establecido el Tribunal Supremo". Una fórmula que también permitiría salvar las "contradicciones" entre ese órgano judicial y el Tribunal Constitucional, por ejemplo "respecto a la prescripción del delito, como pasó con la sentencia de Los Albertos o respecto a la necesidad de notificar al fiscal los autos de intervención telefónica, algo que si no se hace es un error pero no anula la prueba, según el Tribunal Supremo, mientras que el Tribunal Constitucional sí considera que se anula por indefensión".

Azcárraga, que lleva los asuntos de droga en una de las zonas más calientes del narcotráfico en España, explicó que las investigaciones de estos delitos suelen afectar a derechos fundamentales que "quizá no tienen una regulación lo amplia que debería, para saber qué hacer y que no haya lugar a sorpresas". Con el escaso desarrollo legal, por ejemplo de las intervenciones telefónicas, la principal guía para la fiscalía es el "desarrollo jurisprudencial, que puede cambiar en cualquier momento", apostilla.