Golpe a una red de legalización de inmigrantes con documentación falsa que operaba en las provincias de Pontevedra y A Coruña. La Guardia Civil detuvo en la mañana del miércoles al jefe de negociado de Estadística del Concello de Cangas, José L. B., y a una vecina de esta localidad, Carmen M., conocida como "La portuguesa". Ambos prestaron declaración ese mismo día en el juzgado número 3 de Cangas, cuyo titular decretó la libertad con cargos para ambos.
Se les imputa un delito de falsedad documental y otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Supuestamente, ambos forman parte de una red que opera por toda la provincia de Pontevedra, principalmente en Cangas, Marín, Ribeira y Cambados, y que se dedicaría a la regularización ilegal de ciudadanos extranjeros, principalmente marroquíes. En la decisión del juez de no ingresar directamente en prisión a Carmen M. pesó sobremanera el hecho de que tenga una hija tetrapléjica.
Las dos detenciones forman parte de la punta del iceberg de un complejo entramado dedicado a la regularización ilegal de extranjeros que habría empezado a operar hace dos años. La operación de la Guardia Civil sigue abierta y no se descartan más detenciones. Cada inmigrante pagaría unos 1.500 euros por la documentación falsa.
Trama de empleadores
José L. B. era la persona que supuestamente firmaba los certificaciones de residencia y convivencia que le presentaba Carmen M. siempre de marroquíes que vivían con ella.
El jefe del negociado de estadística del Concello supuestamente acreditaba que el inmigrante en cuestión vivía desde hacía tres años en Cangas, en el domicilio de Carmen M. Se han detectado al menos una veintena de casos de inmigrantes que no conocían Cangas pero cuya documentación certificaba que habían residido allí durante este tiempo. De hecho, en varios interrogatorios, muchos de los inmigrantes ya confesaron que desconocían donde quedaba Cangas.
La segunda parte de este proceso fraudulento consistía en ponerse en contacto con diversos empleadores. De este trabajo se encargaba, supuestamente, Carmen M. Hacían a los inmigrantes un contrato laboral que daban de baja antes de concluir el mes, con lo que no debían pagar nada. Con el alta en la Seguridad Social los inmigrantes acudían a las subdelegaciones del Gobierno o a Comisaría y conseguían el permiso de residencia. Contaban con dos papeles fundamentales: el certificado de convivencia expedido por el Concello de Cangas, que le otorgaba la condición de arraigo, y un contrato de trabajo.
La Guardia Civil comenzó esta investigación hace tiempo, cuando localizó en Marín a varios inmigrantes con documentación falsa. Las primeras pesquisas llevaron a las fuerzas de seguridad al Concello de Cangas.
Distintas fuentes señalan que José L. B. declaró que él expedía la certificación porque le daba pena la situación de Carmen M. y que desconocía que detrás hubiese una organización dedicada a regularizar de forma ilegal a inmigrantes.
La detención de José L. B. fue realizada por la Guardia Civil con discreción. Los agentes acudieron al Concello de Cangas el miércoles por la mañana de paisano y en coche camuflado. Eso sí, el hecho de que se le pusieran las esposas no pasó desapercibido, aunque hubo orden de máximo secreto para todos, políticos incluidos.
El detenido José L.B. se atribuía unas competencias que no tenía como jefe de negociado del área de Estadística. Es la Policía Local, en este caso la de Cangas, la encargada de realizar las certificaciones de convivencia, una vez se comprueba y se habla con los vecinos. J.L.B. no podía realizar ese trabajo.
