Un "arrepentido" revela los entresijos de la red del abogado vigués que introducía coca por Marín

U. FOCES - VIGO "Cometí un error pero no quiero cometer dos". Bajo esta premisa el empresario coruñés Roberto M.P. compareció ayer a petición propia en el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo para revelar los entresijos de la organización atribuida al abogado vigués César P. M. que, con el apoyo de dos guardias civiles, introducía grandes alijos de cocaína procedentes de Sudamérica por el Puerto de Marín. La red fue desarticulada en julio en la "Operación Canal" desarrollada por el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado, (Greco) de la Policía Nacional.
El "arrepentido" declaró durante casi cinco horas en presencia de su abogado y respondió a las preguntas de la juez que lleva el caso y del fiscal Antidroga de Pontevedra. Al parecer, desgranó todo lo que sabe de la red desmantelada desde el momento en que contactaron con él para actuar como empresa pantalla en la importación del marisco congelado en el que se ocultaba la droga, hasta que fue detenido a principios del verano.
"En la soledad de su celda en prisión ha tenido tiempo de reflexionar y ha querido descargar su conciencia. Por eso solicitó realizar una nueva declaración", explicaba su abogado defensor en un pequeño receso de la larga comparecencia.
"No tiene antecedentes. Asegura que cometió un error por la mala situación económica que atravesaban sus empresas y que está dispuesto a cargar con la culpa que le corresponda, pero no quiere cometer otro. Por eso ha decidido confesar todo lo que sabe", reiteró su letrado que no quiso facilitar ningún detalle de la nueva declaración de Roberto M.P. "porque la causa sigue bajo secreto de sumario".
Además del empresario coruñés, otros tres de los siete detenidos en la "Operación Canal" siguen en prisión provisional: el jefe del Servicio Fiscal de la Guardia Civil en el Puerto de Marín, José Antonio R. C.; el brigada en la reserva Francisco E.E. y el abogado César P.M., supuesto cabecilla de la red que importaba cocaína. Otros tres empresarios quedaron en libertad con cargos. A todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública "en una cantidad de notoria importancia simulando operación de comercio internacional".
La organización atribuida al letrado vigués actuaba como una especie de "empresa de servicios" a merced de los narcos, garantizando la entrada de la droga en España a través de Galicia. El jurista, al parecer, se encargaba de contactar con los narcotraficantes –a través de las oficinas que los cárteles colombianos tienen en Madrid–, pero el resto de los imputados jugaban también papeles específicos. Los guardias civiles, pro ejemplo, serían los responsables de obviar los controles tanto documentales como físicos para evitar que la cocaína, oculta entre mercancía legal, fuese descubierta en el contenedor. Todo ello se haría bajo el amparo de una empresa "tapadora" que daba apariencia de legalidad a las importaciones. Una vez que la droga salía del puerto y se trasladaba a la empresa "pantalla", se acabaría su trabajo, pues del traslado de la cocaína a Madrid y su posterior distribución se encargaba el cártel propietario del alijo.
Los 815 kilos de cocaína intervenidos en Frigoríficos Pocomaco procedían del puerto de Guayaquil en Ecuador e hicieron una escala en Cartagena (Colombia) antes de arribar finalmente en el Puerto de Marín, desde donde salieron sin problemas por carretera hasta el polígono industrial coruñés donde fueron incautados.