La Policía rastrea entregas de dinero entre los implicados en la supuesta venta del bebé

C. GARCÍA - PONTEVEDRA Rastrear y detectar posibles movimientos extraños de dinero entre los implicados en el supuesta intento de venta de un recién nacido en Pontevedra. Ésta es la principal tarea de los agentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional que investigan el extraño suceso que desde el jueves tiene en vilo a la capital de la provincia.
También la Fiscalía quiere que se investigue a fondo esta posibilidad ya que, tal y como reconocían ayer fuentes del Ministerio Público conocedoras del caso, la declaración de las dos personas que destaparon el suceso ante Comisaría es el único indicio existente hasta el momento de que alguien iba a recibir una compensación económica a cambio de entregar al bebé de apenas unos días de vida. Según manifestaron los denunciantes ante la Policía Nacional, ellos habrían escuchado una conversación en la que una de las intermediarias hablaba del supuesto reparto de 18.000 euros que iban a recibir por la mediación en la entrega del niño.
El fiscal destaca que será clave para resolver el caso comprobar la veracidad de la declaración de estos testigos cuando comparezcan ante el juez. Algo que ocurrirá durante el proceso de instrucción del caso ya que, por el momento, el juzgado de guardia se ha limitado a tomar declaración a los detenidos e imputados en el suceso, que por el momento ascienden a cinco: la madre del pequeño, Yuliya B.H.; su compañero, S.M.H.S. (arrestado por agresión a los policías); Yolanda P. T., supuesta intermediaria; O. R. S.C., el ciudadano venezolano vecino de Poio que supuestamente se iba a hacer cargo del niño; y una prima de la progenitora del bebé.

Delitos
La Fiscalía también investiga el grado de implicación de la madre, ya que el mero hecho de entregar a un niño para modificar su filiación podría ser un hecho delictivo. De hecho, el Código Penal recoge penas de entre seis meses y dos años para este tipo de actuaciones. El fiscal no ha formulado cargos concretos contra ninguna de las personas implicadas, pero de demostrarse que hubo un intento de venta podrían ser acusados de un delito de alteración de la paternidad. En este caso el castigo es mayor y se barajan penas de uno a cinco años de cárcel. En este caso la responsabilidad afectaría tanto los progenitores como a los intermediarios y receptores del niño.
A la espera de que la investigación judicial siga su curso, quien rompió ayer su silencio fue una de las personas cuya denuncia ante la Policía Nacional permitió a los agentes descubrir el caso. Isabel Riveiro aseguró que no se “iba a echar atrás” en lo declarado en Comisaría “por que lo que allí dije es verdad”. Aseguró que tanto la madre del pequeño como su compañero, S. M. H. S., “nunca quisieron vender al niño” pero asegura que “sí que había dinero por el medio”. “Puede que ellos no fueran a recibir nada, pero otras personas sí”, aseguró. En su denuncia señaló directamente a Yolanda Pazos T. como intermediaria en la supuesta operación de venta.
Esta última persona también habló ayer a los medios de comunicación para negar cualquier tipo de implicación en los hechos: “Ni hice de intermediaria ni nada; no recibí un duro, ni siquiera conozco al niño, ni sé nada”. Asegura que conoce al supuesto comprador del niño como un cliente más de su bar y que a menudo lo veía “cogido de la mano” con la madre del recién nacido. “Es más –añadió–, yo siempre lo conocí como el padre del niño”. Asegura que estos días vive una auténtica pesadilla.

Servicios Sociales
Y mientras, el bebé sigue bajo la custodia de la Consellería de Traballo e Benestar en la Ciudad Infantil Príncipe Felipe. Fuentes de este departamento de la Xunta indicaron ayer que los técnicos analizan el entorno familiar y de amistades y han solicitado datos a los Servicios Sociales del Concello para elaborar un informe sobre la custodia del niño. En cualquier caso, indican que la resolución sobre la tutela del menor deberá salir del juzgado. La madre ya anunció su intención de recuperar la custodia del niño.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, pidió ayer prudencia en relación con este suceso. “Ahora le toca a los jueces esclarecer la totalidad de los hechos, ver el nivel de implicación de las distintas personas y a partir de ahí dictaminar y que cada uno pague por lo que hizo”, declaró. Destacó la labor de las fuerzas de seguridad en este caso.

Momentos de tensión con dos bares por el medio
La truculenta historia de la supuesta venta de este recién nacido en Pontevedra gira en torno a un edificio, el del Hostal Peregrino. Allí permanecía sin salir de su habitación la madre del niño y en donde conviven, a cada lado, dos bares y varios de los implicados. Detrás de la barra de uno de ellos está Ángeles Riveiro, la mujer que alertó a la Policía del caso. En el otro trabaja Yolanda Pazos, quien fue denunciada por la primera ante la Policía como una de las personas que mediaba en la supuesta operación de venta. Esta última asegura que ha sido denunciada por una cuestión de “celos y envidias”, ya que su bar cuenta con una gran afluencia de clientes y en el de la denunciante ocurre todo lo contrario.
Trabajando casi puerta con puerta, fue inevitable que ayer se produjesen momentos de tensión entre ambas partes que se recriminaban lo sucedido. En uno de estos enfrentamientos verbales incluso se llegó a requerir la presencia de la Policía Nacional.
Riveiro, la mujer que denunció el caso, asegura que esta recibiendo “amenazas” pero que “no tiene miedo”. “Nadie se preocupaba por la chica y a última hora había mucho interés por si el niño nacía bien o mal”, dijo, para añadir que “nadie tiene que hacerse rico a costa de nadie y menos de un niño. A lo mejor yo le fastidié la vida por que igual se iba para una gran familia, pero si lo hice es para que a ella (por la madre) no se le fuera su hijo. Porque yo sé que el niño se iba y no para cuatro días”.