M. FONTÁN/A.MARTÍNEZ - VIGO/AROUSA
El abogado vigués César Pérez Martínez ya se encuentra en prisión. Este letrado, supuesto líder de una red que importaba cocaína procedente de Suramérica cuyo destino era el puerto de Marín, es uno de los cuatro detenidos de la "Operación Canal" a los que la juez envío a la cárcel. Junto a él ingresaron en el penal el sargento José Antonio Rodríguez Conde –jefe del destacamento fiscal de la Guardia Civil en el puerto marinense–, el brigada en la reserva Francisco E.E. y el empresario coruñés R.M.P. Los otros cuatro detenidos –un tercer guardia civil, otros dos industriales de A Coruña y el vilanovés Guillermo S.L., "Mito"–, quedaron en libertad provisional, uno de ellos ya en dependencias policiales. El mutismo que rodeaba ayer a la operación era total, ya que sigue abierta y podrían producirse nuevos arrestos, pero sí trascendió que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo imputa a los arrestados delitos contra la salud pública "en una cantidad de notoria importancia simulando operación de comercio internacional". Los interrogatorios se prolongaron durante quince horas y acabaron de madrugada.
La incautación de 815 kilos de cocaína ocultos en cajas de gambas congeladas en el polígono industrial coruñés de Pocomaco destapó esta red: la droga había partido de Ecuador, pasó por Colombia y llegó al puerto de Marín. La organización que supuestamente lideraba el letrado vigués actuaba como una especie de "empresa de servicios" a merced de los narcos, garantizando la entrada de la droga en España a través de Galicia. Era el jurista quien se encargaba al parecer de contactar con los narcotraficantes –lo hacía con las oficinas que las bandas colombianas tienen en Madrid–, pero el resto de los detenidos jugaban también su papel: los guardias civiles, por ejemplo, el de obviar los controles tanto documentales como físicos para evitar así que la cocaína fuese descubierta. Todo ello bajo el amparo de una empresa "tapadera" que daba apariencia de legalidad a las importaciones.
Una vez la droga estaba en Galicia, la red finalizaba su trabajo. Porque de la posterior distribución de la cocaína hasta Madrid y desde ahí a otros puntos de España ya se encargaba el cartel colombiano propietario de la mercancía. Al respecto, se ha podido saber que los guardias civiles relacionados con en esta banda habrían cobrado por sus servicios en dinero, cuando lo más habitual en este tipo de casos es que el pago se haga en especias, es decir, con droga. Los investigadores sospechan que el único arrestado con capacidad para "mover" alijos sería el vilanovés "Mito". Precisamente, este arousano sufrió en marzo un supuesto intento de extorsión. Afirmó que le acosaban un santiagués y un rumano, que fueron detenidos. El vilanovés dijo que le pedían 100.000 euros por la captura policial de una planeadora en Cabo Verde, pero que él nada tenía que ver con ese asunto. "Mito" vivió una temporada en A Illa, de donde era su novia, si bien últimamente volvía a residir en Vilanova. Tuvo negocios de electrónica para barcos, de efectos navales y de importación de mariscos.