tribunales

Los policías que liberaron al agresor de José Luis Moreno dicen que no sabían que venía de prisión

06.04.2009 | 17:58

Los dos policías que dejaron en libertad a Astrid Bushi, el supuesto líder de la banda que asaltó la vivienda del empresario José Luis Moreno, mantienen que no sabían que el detenido venía de prisión, ya que no fueron informados ni de su origen, ni de que tenía que reingresar a la cárcel.

Así se lo manifiestan los agentes en una nota informativa, a la que tuvo acceso EFE, que remiten al comisario jefe de la Comisaría Local de Alcobendas, en la que sostienen que "ni durante la custodia del detenido, ni cuando fue hecho entrega el mismo por el Juzgado junto con el auto" fueron informados del origen del detenido, ni de que éste tenía que reingresar a un centro penitenciario.

Por ello, y en vista de lo dictado por el juez, los agentes procedieron a dar curso a lo que ordenaba el mismo.

Y el auto acordaba la libertad provisional de Bushi con la obligación de comparecer en el Juzgado cada quince días y de informar en el mismo de "cuantos cambios de domicilio verifique".

El detenido compareció ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcobendas como imputado en un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa, del que el juez estima que existen "motivos bastante" para considerarle responsable criminalmente, aunque finalmente decidió decretar su libertad provisional sin fianza.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo y los dos agentes custodiaron a Bushi en los juzgados de Alcobendas después de que lo hicieran otros cuatro compañeros, que tampoco, según sostienen, recibieron por parte de los agentes de la Guardia Civil que les hicieron entrega de Bushi ningún tipo de documentación sobre el preso, ni les comunicaron que procedía de un centro penitenciario.

Estos cuatro policías, según su versión, sólo fueron informados verbalmente por la Guardia Civil de que el detenido procedía de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde había comparecido ante otro juez.

Sobre este asunto se han pronunciado los principales sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), cuyos responsables consideran que lo ocurrido es "un error del sistema, tan obsoleto y arcaico que produce resultados como el que nos ocupa".

El SUP cree que la fuga de Bushi exige mejorar la coordinación policial y judicial y hace necesario establecer protocolos de actuación, formar a los agentes en los procedimiento y acabar "con tanto trasiego de detenidos y traspasos entre Cuerpos".

Se trataría, según el SUP, de restringir al máximo los desplazamientos y reformar las competencias de los distintos Cuerpos para que los funcionarios de prisiones custodien a los presos desde su salida hasta su regreso a la cárcel.

"Cualquier cosa menos culpar a los policías actuantes que lo hicieron siguiendo las instrucciones judiciales y sin incumplir ningún protocolo de actuación profesional", señala el SUP, que critica la "apresurada manifestación" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid negando cualquier responsabilidad del juzgado de Alcobendas
El SUP considera que los policías que reciben un auto en el que se decreta la libertad de un detenido, del que desconocen sus antecedentes, "están obligados a actuar conforme al referido mandamiento judicial bajo riesgo de incurrir en una detención ilegal".

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) cree que estamos ante un "cúmulo de errores", pero advierte de que "en ningún caso afectan al Cuerpo Nacional de Policía" y que ponen de manifiesto la necesidad de articular cauces de traslado de información, en el ámbito de la custodia y traslado de reclusos.

La CEP señala que los guardias civiles que trasladaron desde la prisión al detenido no hicieron una entrega documentada del preso; es decir, que los policías no llegaron a cumplimentar lo que el sindicato denomina "diligencia de recepción y entrega de presos", que es el documento que acredita legalmente que el recluso queda bajo custodia un Cuerpo distinto al que le recogió en la cárcel.

Además, señala que la normativa establece que la unidad policial que se hace cargo del preso en la misma cárcel es la única responsable sobre el mismo hasta su regreso y que esta especie de "cadena de custodia" sólo se puede alterar mediante la entrega documentada del recluso.

El sindicato también subraya que desde el Juzgado se comunicó a los agentes el auto de libertad, pero no se les indicó que tuviera que volver a un centro penitenciario o que figurara imputado o procesado en otros procedimientos judiciales en los que se hubiera acordado una medida preventiva de prisión.

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