Un floreciente e ilegal negocio de 9 millones de euros se ha ido al traste. La Policía Nacional ha desarticulado una organización nigeriana que había concertado más de 600 matrimonios fraudulentos, algunos de ellos en Lugo y Ourense. La operación se inició en junio y se ha cerrado con 67 detenidos, 15 españoles y el resto nigerianos.
La red cobraba unos 15.000 euros a ciudadanos nigerianos que intentaban regularizar su situación en España mediante un matrimonio de conveniencia, de los cuales 3.000 eran para el contrayente español. Todos los enlaces presentaban documentos falsos de cursillos prematrimoniales en una parroquia de Alcalá de Henares y partidas de bautismo firmadas pro un inexistente sacerdote nigeriano.
Los matrimonios se realizaron en numerosas provincias españolas, principalmente en Alicante, Palma de Mallorca, León, Murcia, Canarias, Ávila, Barcelona o Madrid. La red captó clientes en Galicia, concretamente a las provincias de Lugo y Ourense. En esta última ciudad fueron detenidos Lincon Efosa Amadin y Chukwemeka Humphery Onswuaso. Ambos residían en la ciudad de As Burgas, donde al parecer concertaron sus respectivos matrimonios.
De hecho, Lincon Efosa está acusado de aportar documentos falsos en un juzgado de Guadalajara, que ordenó su detención. El arresto se produjo el pasado 24 de octubre. Chukwemeka Humphery está acusado de presentar documentos falsos con el fin de contraer matrimonio por un informe pericial realizado por la Policía de Ávila, y su detención se practicó el pasado 23 de octubre.
Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Palma de Mallorca al detectarse un gran aumento de solicitudes de residencia por parte de ciudadanos nigerianos que estaban casados con ciudadanos españoles o comunitarios.
Todos ellos habían contraído matrimonio en la iglesia de San Francisco de Palma y presentaron un certificado falso del cursillo prematrimonial que se habría celebrado en una iglesia de Alcalá de Henares (Madrid). Las partidas de bautismo eran firmadas por un mismo cura de Nigeria, comprobándose en la archidiócesis de Benin City que tal sacerdote no existía.
En los 15.000 euros que pagaban a la organización iban incluidos todos los gastos de la ceremonia y ropas utilizadas, así como certificados y documentación. Cuando los candidatos no deseaban acudir a la iglesia a casarse, la red buscaba a otros que, a cambios de unos 300 euros realizaban el matrimonio con la documentación del primer candidato. De hecho la misa persona llegó a casarse hasta cuatro veces, aunque con documentaciones distintas. Además, una vez que contraían matrimonio, la red les pagaba 500 euros si facilitaban nuevos candidatos. De este modo el grupo desarticulado estaba siempre en continua expansión y ampliaba el números de sus miembros.
La Policía Nacional también desarticuló otro grupo de origen pakistaní que favorecía la inmigración ilegal mediante matrimonios de conveniencia con mujeres portuguesas asentado en Valencia y que explotaba laboralmente, en los sectores de la agricultura y la hostelería, a los compatriotas introducirlos ilegalmente. Empleaban pasaportes falsificados de Sudáfrica.
