La Fiscalía sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra a 36 personas acusadas de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y que fueron detenidas en el marco de la operación "Cormorán" dirigida por el juzgado de Caldas de Reis. El conjunto de las peticiones de condena suman 182 años de cárcel y 144 millones de euros en multas.
Ayer se conoció el escrito de acusación elaborado por los fiscales especiales antidroga y de delitos económicos en la que es una de las más importantes operaciones contra el lavado de dinero en Galicia. En 48 folios se desmenuzan las imputaciones a cada procesado, empezando por el supuesto líder de la red, José Antonio Pouso Rivas, alías "Pelopincho". Según el fiscal, Pouso, de 48 años y condenado por dos sentencias firmes de la Audiencia Nacional a 4 años y medio y 8 años de prisión por pertenecer a redes de transporte de hachís y cocaína, se concertó con el resto de los acusados para ocultar el importante patrimonio obtenido a través de esta actividad ilícita.
La fórmula elegida para tejer esta red de narcoblanqueo, según el fiscal, fue muy sencilla: los testaferros simularon ser titulares de hasta 49 inmuebles por toda la geografía gallega e incluso Asturias, 10 sociedades mercantiles, 900.000 euros en depósitos y unos 35 vehículos. Además, en el operativo se intervinieron 1,8 millones de euros en metálico, lo que da a entender la importancia de la red que lideraba Pouso Rivas. "Pelopincho" se enfrenta a una solicitud de 6 años de prisión y multa de 46,5 millones de euros.
Una petición de cárcel similar se plantea para Benito Suárez Bouzón, a quien se considera el hombre de "entera confianza" de Pouso dentro del "organigrama diseñado" por este último "para traficar con drogas y ocultar las ganancias derivadas del mismo", llegando a gestionar, supuestamente, algunas de las compras de inmuebles y las inversiones en la entidad "Arte y Naturaleza Gespart" que se realizaban para blanquear dinero y cuyos titulares eran una amplia red de testaferros.
Franco Argibay
Otra pieza clave en el entramado que lideraba Pouso Rivas era el letrado pontevedrés Manuel Franco Argibay, quien fue contratado por el primero, según Fiscalía, para que le asesorara a la hora de ocultar estas adquisiciones de patrimonio y transmisiones de bienes. Asimismo, presuntamente recogió 1,2 millones de euros que Pouso Rivas tenía escondidos en diferentes lugares y efectuó diversos ingresos en cuentas de sus hijos y de otros familiares en bancos de Valença, dinero que posteriormente retiró y que nunca fue intervenido por el juzgado, por lo que la Fiscalía solicita el embargo de diversas fincas. La petición de pena para el abogado también alcanza los seis años de prisión y multa de 11,9 millones de euros.
El resto de acusados serían testaferros que, según el fiscal, aceptaban la titularidad de los inmuebles e inversiones que supuestamente realizaba con su dinero de procedencia ilícita Pouso Rivas. Tan sólo una de ellas, la brasileña Teresinha de Jesús Carvalho, era propietaria de hasta 8 inmuebles o fincas en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro, por valor de medio millón de euros, así como cinco locales comerciales en un centro de Vilagarcía. El fiscal pide para ella una pena de 5 años y medio, al igual que para otras tres extranjeras que también figuraban como titulares de numeroso patrimonio: Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez.
El resto de los acusados, entre los que hay numerosos familiares, se enfrentan a penas de cinco años y medio de cárcel, así como de cuatro años.
