El fiscal y los abogados de la familia de Grima y de la acción popular, en representación del PP, así lo expusieron en la vista celebrada en la Audiencia de Huesca para ver el recurso interpuesto por la defensa de Mainar contra la decisión del juez instructor del caso de rechazar su petición de nuevas pruebas.

Marcos García Montes, letrado del guarda forestal, único imputado en este caso, ha insistido en la vista en reclamar la práctica de nuevas pruebas periciales sobre la capacidad visual de su cliente y su estado mental, así como una revisión generalizada de la instrucción llevada a cabo por la Guardia Civil.

Ha reclamado, asimismo, la tramitación de un oficio al Instituto Nacional de Meteorología para reclamar datos sobre las condiciones climatológicas que se registraban la noche del crimen, y una pericial para verificar la viabilidad del supuesto trayecto a pie que debió realizar su cliente de regreso a Fago.

García Montes han argumentado que no entendía la oposición de las acusaciones a nuevas pruebas "salvó que no les interesen", porque "puedan cercenar una línea no objetiva de acusación".

"No sabemos -ha comentado- cómo pueden hacer un escrito de acusación sin conocer las condiciones climatológicas adversas a las que supuestamente tuvo que enfrentarse Mainar".

El representante del ministerio público, José Luis Galindo, ha rechazado la práctica de las pruebas al entender que supondría una nueva instrucción en torno al crimen y dijo ver una "cierta esquizofrenia" en los planteamientos del abogado al ocuparse de la labor de los acusadores.

"Pensamos, justificadamente, que lo que pretende no es que se formulen con más fundamento las acusaciones, y creemos, al preguntarnos por la finalidad de todo esto, que no se está pretendiendo buscar la verdad, que iría en contra de los intereses de su cliente, sino introducir mayor confusión en beneficio de su cliente", ha dicho el fiscal.

Por su parte, el letrado de la familia del alcalde asesinado, Enrique Trebolle, ha calificado de "inauditas y sorprendentes" las manifestaciones de la defensa para "inmiscuirse" en la labor de las acusaciones.

Trebolle, que ha pedido la imposición de costas al apelante, ha insistido en que la instrucción del caso está finalizada y que el propio juez instructor ha rechazado las pruebas solicitadas por el defensor, al entender que no eran "útiles, ni pertinentes" y que suponían un intento de llevar a cabo una "instrucción paralela".

Por su parte, el abogado de la acción popular, José María Vilades, ha señalado que la petición del defensor es un "intento de dilatar y de crear confusión, para que cuando llegue el caso a un jurado o a un tribunal profesional le pueda beneficiar".

Miguel Grima falleció la noche del 12 de enero de 2007 en la carretera que une los núcleos pirenaicos de Fago y Majones, de un disparo de escopeta con postas en el pecho efectuado por Santiago Mainar, que le emboscó en una curva, según la Guardia Civil.

Por estos hechos, el letrado de la familia Grima prevé solicitar para Santiago Mainar 20 años de prisión por presunto asesinato y de 1 año por tenencia ilícita de armas, petición que el letrado de la acción popular aumentaría con 6 años más por atentado.