La Fiscalía ha dado un nuevo impulso a la investigación del presunto fraude millonario de gasóleo a la Hacienda Pública y del posible delito societario de un grupo empresarial de Padrón en las diligencias que se siguen el el Juzgado de Instrucción número 1 del municipio y que adelantó FARO. La juez había fijado una fianza de un millón de euros para los dos imputados, pero el Ministerio Público solicita que se intervenga judicialmente la empresa, pues teme su vaciado a otra firma a través de testaferros, a la vez que pide la imputación de otras ocho personas, entre los que incluye al abogado de la firma investigada y a cinco empresarios del sector que habrían facilitado facturas falsas.

El nuevo fiscal del caso interesa la administración judicial del Grupo Estación en su integridad "dado que existe un vaciamiento patente del Grupo y un desfalco considerable a la Hacienda Pública que no puede ser corregido simplemente con la imposición de una fianza a los dos administradores mayoritarios". En su opinión, se trata de la medida menos gravosa y evita el consiguiente riesgo para la plantilla de trabajadores y para la Hacienda Pública, acreedora en este procedimiento.

La Fiscalía estima que "el abanico de delitos amenaza con expandirse". Así, apunta que la pericial realizada por el Juzgado en cuanto al gasóleo deja claros ciertos extremos. En concreto, recuerda que uno de los socios denunció a los otros dos en 2004 "por apartarle de la dirección cuando pretendía regularizar la situación fiscal de la empresa".

Entonces, según la acusación pública, se funda indiciariamente"Grúas Arosa por quienes, según consta en autos, son un camarero y su esposa, ama de casa". La nueva empresa, añade, se crea "con bienes de Grúas Estación y todo ello a un precio muy inferior al del mercado". Avala su tesis con las diligencias previas seguidas en Lugo "por el regalo de las tarjetas de transporte de vehículos", que "no es pequeño en el mundo del transporte," y el intento de venta de un inmueble de Estación "por un precio muy inferior al de mercado".

La acusación pública sostiene que actualmente "hay pruebas suficientes para considerar cometidos los siguientes delitos: delito contra la Hacienda Pública (no regularización de la empresa); delitos societarios (falseamiento de las cuentas anuales del Grupo Estación, constitución paralela de Grúas Arosa con bienes de Estación y nombramiento de una matrimonio "de paja" como sus presidentes y tentativa de venta de bienes a precio inferior al de mercado); estafa de gasóleo y falsedad documental "por las facturas emitidas a favor de las firmas Estación de Servicio Reyni, Servicios GTV Reyni, Gasóleos Reyni S.L., Gasóleos Calefacción S.L. y Ferleva S.L. para señalar cantidades dispares a las de la contratación". En este último caso, el fiscal resalta que España "es un país importador de combustible y el que entra es controlado por Aduanas y el informe de ese organismos no deja lugar a dudas de la citada disparidad de facturación, lo cual no deja de ser instrumental para el Grupo Estación que redondearía así las cuentas de cara a Hacienda".

El Ministerio Público solicita que se tome declaración como imputado al abogado de Grúas Estación "dado que fue presidente de todas las juntas del Grupo en las que se denegó la regularización fiscal de la empresa y como presidente tiene responsabilidad sobre los hechos"; así como a los representantes legales de las empresas suministradoras de carburante antes citadas.

La Fiscalía reclama, además, la imputación del matrimonio que figura en la presidencia de Grúas Arosa y que se verifique la conversación de un trabajador en la que reconoce el borrado de archivos informáticos. Finalmente, interesa del juzgado que se averigüe la identidad de un tal "Benigno" por si aparece en autos. En concreto se pretende constatar si se trata de un inspector de Hacienda que pidió la excedencia y si asesoró al Grupo Estación tras la denuncia de uno de los socios.