La falta de seguridad y los riesgos de la zanja de Gondomar en la que falleció sepultado un joven aprendiz de 20 años centraron ayer la intervención de los peritos en el juicio que se celebra en Vigo ocho años después de este accidente laboral. El estudio básico de seguridad era tan "genérico" que no recogía las características concretas de esa obra: en torno a este documento, el juez llegó a afirmar en la sala que "no dice nada" y que "vale para todo". Y por sus características, los peritos destacaron que se trataba de una zanja peligrosa que se realizó en un terreno de "escasa consistencia".

El estudio de seguridad al que se refirieron los expertos fue realizado por Unión Fenosa, que contrató para estos trabajos de cableado a la firma eléctrica Neisfema S.L. Ésta a su vez subcontrató a Excavaciones Tui, la encargada de realizar la zanja. Los cuatro acusados representan a estas tres empresas, las cuales ya fueron sancionadas en su momento por la Inspección de Trabajo al pago, de forma solidaria, de 30.000 euros por una falta muy grave en relación con la muerte de Manuel Vázquez.

Los dos peritos, un inspector de Trabajo y un técnico del Gabinete de Higiene y Seguridad en el Trabajo, señalaron que los trabajos en la zanja eran "una actividad de riesgo", algo que se acrecentó porque el foso se construyó en forma de L: el vértice carece de consistencia y sobre el mismo, además, se había depositado la tierra extraída del foso. Una situación que lo sobrecargó todavía más y que pudo influir en el fatal desplome de tierras.

Con este riesgo manifiesto, era obligatorio por ley extremar las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de los trabajadores. Pero no se hizo: pese a la profundidad de la zanja (de más de dos metros), ésta no se entibó para evitar su derrumbe. A todo esto se añadía el hecho de que el fallecido no había recibido nunca cursos de prevención en materia de seguridad.

Y de toda esta sucesión de fallos que se evidenció en el juicio no se responsabiliza nadie. Los cuatro acusados negaron su responsabilidad en el accidente y en las labores de seguridad. Uno de ellos, que firmó una carta días antes asumiendo la coordinación de seguridad, alegó que estampó su rúbrica sólo como confirmación de que había recibido el escrito, pero no aceptando esa función.

Tras las declaraciones de imputados, testigos y peritos únicamente faltan los informes finales de la fiscal y los abogados. El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo reanudará la vista el próximo 8 de mayo por la tarde para que se expongan las conclusiones. El ministerio público pide 1 año de cárcel por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores.