El desplome del muro de una finca que mató y sepultó a un vecino de Redondela en enero de 2003 "era inevitable" dadas las deficiencias técnicas de su construcción, según explicaron ayer los peritos citados por el propio juzgado y las partes en la tercera sesión del juicio que se celebró en el Juzgado de Penal número 3 de Vigo.

Fausto Núñez, Rafael Llano de la Concha y Lucas Moreno coincidieron al señalar que el diseño del muro era inadecuado, con una base insuficiente (apenas 1,20 metros) para los casi 10 metros de altura que medía. Además, carecía de drenajes y el relleno vegetal utilizado no era el adecuado, con lo que fue incapaz de sostener las cargas de fuerza de la tierra y del agua.

De la misma opinión fue el arquitecto vigués Jaime Garrido, que declaró como testigo ya que fue quien se ocupó de la reconstrucción del muro tras el trágico accidente que costó la vida al redondelano Diego Carnero Vidal, que ya había denunciado su peligrosidad dos años antes mediante una denuncia en el Concello de Redondela. El arquitecto explicó que hizo dos proyectos de reconstrucción, ya que el primero de 9 metros de altura fue rechazado por el Concello de Redondela y tuvo que presentar otro rebajando la altura a 5 metros para cumplir la normativa urbanística. Todos los técnicos apuntaron que la obra precisaba de licencia municipal y para ello el nombramiento de un director de obra, que no existía.

Las discrepancias entre los tres técnicos se centraron en si era posible que el muro avisara dos años antes del colapso que sufrió y si el proyecto del técnico de jardines incluía o no la construcción del muro de contención que se desplomó. Tampoco consideraron probable que las dos últimas hileras de piedra vista que lo coronaban tuvieran influencia alguna. El juicio contra los 8 imputados por homicidio imprudente proseguirá el próximo martes con las conclusiones de la Fiscalía, que solicita dos años y medio de prisión para cada uno y una indemnización de casi 100.000 euros; la acusación particular, que además de la pena de prisión duplica la indemnización, y las defensas de constructores y propietarios de la finca, que piden su absolución.