"Si son culpables, a la cárcel. Pero nosotros no tenemos nada ver con negocios ilegales y tendrían que darnos una solución también legal", exponen algunos afectados.
"Vamos a cerrar, no aguantamos más. Somos empresas pequeñas y no podemos mantenernos. Desde las detenciones, en enero, no nos han pagado nada. Todos somos legales, cobrábamos a 90 días como es habitual en el sector. Pero no hay fondos. Hasta que el juzgado intervino las empresas no tuvimos problemas, cobrábamos con regularidad la obra hecha y ahora no sabemos con quien tratar para que nos adeuden los trabajos realizados", explican.
Y es que aseguran que ni la juez Marisol López, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo que dirige las investigaciones, ni los administradores judiciales nombrados recientemente les han recibido.
La situación, en su opinión, es injustificable: "Tenemos que negociar con la hija y el contable de Iglepor. Nos han dicho que hagamos propuestas y que ellos se las pasarán a los administradores judiciales, y éstos al Juzgado. ¿Van a tener que pasar 3 ó 4 años hasta que cobremos¿ ¿Cómo vamos a pagar nosotros a los que también debemos?.", se preguntan. Temen también que en cualquier momento "cierren las oficinas de la empresa" y "desaparezcan" los empleados quedándose sin interlocutores.
Esta situación llevó a un grupo de afectados a celebrar una reunión el pasado viernes para buscar soluciones conjuntas al problema, aunque cada uno defenderá sus intereses con su propio abogado para reclamar a la empresa que les corresponda del Grupo Iglepor.
"No entendemos por qué la administración judicial ha parado todas las obras, todos los pagos y las ventas de los pisos que estaban en marcha. Que los supervisen y lo que sea legal siga adelante, porque están en juego muchos puestos de trabajo", advierten.
