El sindicato CSI-CSIF, mayoritario en la administración de Justicia andaluza, ha dicho hoy que la culpa de la libertad de la que gozaba el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés es, "en última instancia, política", por mantener un sistema "incapaz de actuar con unas garantías mínimas".
En rueda de prensa, el portavoz del sindicato, Rosendo Martínez, ha dicho que "no han fallado las personas, ha fallado el sistema", por lo que ha pedido que no se busque "una cabeza de turco" que "pueda silenciar, al menos de momento, la búsqueda de otro tipo de responsabilidades".
CSIF, según un comunicado leído por el portavoz, estima que "la responsabilidad de este suceso es, en última instancia, política, por cuanto se mantiene una administración de Justicia que ha demostrado ser incapaz de actuar con unos mínimos de garantías".
"Lo grave no es que se produzcan errores, lo grave es que los mismos no se detecten hasta estas trágicas consecuencias".El sindicato ha defendido la "absoluta profesionalidad de todos y cada uno de los funcionarios que componen la plantilla del juzgado penal 1 de Sevilla", que permitió que siguiera en libertad el presunto asesino de la niña, pese a que sobre él pesaba una condena firme de dos años y 9 meses de cárcel por abusar de su hija de 5 años.
"Lo que para los políticos ha sido un retraso de tan solo mes y medio en nombrar a un funcionario" para suplir la baja por enfermedad de la trabajadora que ejecutaba las sentencias en dicho juzgado, para CSIF "es la tardanza injustificada de un nombramiento que debió realizarse de forma automática", añade el comunicado.
Por su parte, el Sindicato Profesional de Justicia-USO, en otro comunicado, ha afirmado que "las ejecuciones de sentencias constituyen la gran asignatura pendiente de nuestro estado de derecho", pues "ni siquiera se elabora una estadística mínimamente fiable que haga posible conocer el estado de esta cuestión".
