Hace aproximadamente unos cinco años se produjeron las primeras filtraciones de imágenes personales e íntimas de personas famosas en las redes sociales. Jennifer Lawrence, Rihanna, Jude Law, Angelina Jolie o Scarlett Johansson vieron cómo fotografías privadas salían a la luz y eran compartidas por miles de usuarios de internet. En algunos de los casos los hackers que lo hicieron fueron condenados a penas de cárcel. El hecho de que las redes sociales son un arma peligrosa en función de para qué se utilicen no es nada nuevo y en España se han producido filtraciones que en algunos casos constituyen delitos, en otros su difusión podría serlo y en otros se convierten en castigos virales contra el personaje público que las protagoniza.
Este último es el caso del cantante Mikel Izal y del humorista Antonio Castelo, quienes en los últimos días han recibido acusaciones a través de las redes por acoso y machismo por parte de usuarias que han publicado conversaciones privadas con ellos mientras que otras internautas han relatado sus malas experiencias. "Lo que he visto de Izal es una captura de una conversación de poco nivel y mal gusto sacada de contexto y en la que no se dice nada que esté penado", subraya el abogado especializado en nuevas tecnologías (privacidad y blockchain), Iago Otero. Lo mismo ocurre con los tuits que por ahora hacen referencia al supuesto acoso de Castelo a mujeres. "Me parece muy bien que se empiece a poner el grito en el cielo por actitudes y comportamientos machistas de personajes que parece que se aprovechan de su fama pero no hay nada que revele que en esos casos la otra parte fuese obligada", subraya.
Por ello, llama a la "tranquilidad" ante la aparición de un fenómeno en España similar al #Metoo estadounidense porque, advierte, el denunciar públicamente experiencias en las que hubo consentimiento por ambas partes pero que no fueron del agrado de una de ellas puede llevar a que la reinvindicación "pierda trascendencia". Entre los señalados por este movimiento está el fotógrafo Longshots, acusado de valerse de su profesión para abusar de jóvenes modelos y grabarlas en vídeo.
Similar pero con un cariz ya muy diferente es lo ocurrido con la filtración de datos de la víctima de "La Manada" o el vídeo de lo sucedido. A este respecto, Otero recuerda que el fiscal y la acusación particular solicitaban que la difusión de las imágenes fuese también penado, algo contemplado en el Código Penal desde 2015 a raíz de la polémica filtración del vídeo de contenido erótico de la exconcejala socialista Olvido Hormigos. Estaba grabado con su consentimiento, pero no así su difusión.
En cuanto al vídeo de "La Manada" abusando de la víctima, el abogado muestra su sorpresa de que no se incorporase a la sentencia que, admite, "es muy compleja".
El caso de los mensajes captados entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín en los que el primero expresaba sus dudas acerca del "procès" catalán es, a juicio de Otero, "jurídicamente el más interesante" ya que existe un debate entre los que consideran que las grabaciones realizadas por una tercera persona de la pantalla del móvil de Comín mientras hablaba con Puigdemont durante un acto público se trata de un delito mientras que otros no lo ven así. "Es discutible", admite el letrado.
En Vigo, recuerda, también se produjo la grabación y posterior difusión de un vídeo de una pareja en pleno acto sexual en la calle Ronda Don Bosco por parte de una tercera persona que tuvo como consecuencia el despido de la mujer de su puesto de trabajo pero que no llegó a ir a juicio aunque el hombre sí consultó a un abogado. "Lo que querían era parar la difusión del vídeo", señala Otero que, recuerda, "compartir esas imágenes también es delito".
El incremento exponencial del uso de las redes sociales todavía no ha provocado un aumento de denuncias pero sí de las consultas por acoso a través de las mismas. "Una de ellas fue un restaurante que despidió a una trabajadora y a partir de ahí tanto ella como su pareja comenzaron a acosar al establecimiento en las redes sociales durante varios meses", indica.
Ante estos casos aconseja acudir a la policía, que es la que tiene los medios para actuar. "Muchas personas optan por bloquear a esa persona que le acosa pero así desaparecen las conversaciones y, por lo tanto, las pruebas", recuerda.
Lago Otero - Abogado
"Están aumentando las consultas sobre casos de acoso en redes"
