A la larga lista de reacciones contrarias a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre "La Manada" se ha sumado, de forma un tanto sorprendente, el Parlamento de Galicia, que ayer aprobó una declaración institucional para mostrar su desacuerdo con el fallo judicial que calificó los hechos como "abuso sexual" y no como violación.
No es muy normal que la Cámara autonómica se manifieste contra una sentencia por muy polémica que resulte, pero lo acaba de hacer, argumentando que "recoge el sentir mayoritario de la sociedad gallega". Por ello, en una declaración institucional -adoptada, por tanto, por unanimidad- expresa su "desacuerdo con el fallo de la sentencia". Sentencia que, por otra parte, ha levantado una oleada de críticas, reproches y manifestaciones en toda España por considerarla muy suave y no reconocer que la víctima fue violada. El Parlamento vasco y las Cortes de Aragón también habían expresado, ya con anterioridad, su disconformidad con el fallo judicial.
El pronunciamiento del Parlamento gallego va más allá del rechazo a la sentencia, pues también apoya el anuncio del Ministerio Fiscal de recurrir el fallo y espera que cambie la calificación del delito cometido por "La Manada". El fallo de la Audiencia de Navarra condena a nueve años de prisión a los cinco acusados de los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 como autores de cinco delitos continuados de abuso sexual. Hubo un voto particular del tribunal que pidió la absolución de "La Manada".
El Parlamento gallego se reafirma en la defensa de la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial, pero también sostiene que los tribunales de justicia, al igual que toda manifestación pública del ejercicio de los poderes de un Estado democrático, "están expuestos a la opinión pública".
La declaración institucional también traslada su solidaridad a la víctima y a sus familiares y muestra su "comprensión con la decepción e indignación de las mujeres y de toda la ciudadanía como consecuencia de este fallo".
El texto recoge además que todas las instituciones deben actuar con respeto a los derechos de las mujeres y de forma comprometida "en favor de la igualdad real y efectiva" de género, así como en la erradicación de las desigualdades y la violencia.
Por su parte, también ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que el Gobierno que preside va a dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para proponerle una vía de colaboración para formar a funcionarios y magistrados en perspectiva de género. Díaz explicó que plantearán al CGPJ firmar un convenio con la Consejería de Justicia y el Instituto Andaluz de la Mujer. "Lo cosideramos útil y, por lo que vemos en los últimos días, muy urgente", aseguró.
Al respecto de la comisión que estudiará la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, Unidos Podemos presentó ayer una proposición no de ley en la que solicita que, de inmediato, el Ministerio de Justicia modifique su composición para que la mitad de los veinte miembros que la conforman sean mujeres. La iniciativa se registra después de que el departamento dirigido por Rafael Catalá decidiera incorporar a cinco expertas a la sección penal, si bien una de las designadas, Mirentxu Corcoy, catedrática en la Universidad de Barcelona, renunció al percatarse de que se trataba de una participación puntual y no permanente.
