El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; y limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos. Además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurado.

El informe, que parte de que "los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes", muestra como "objetivo primordial" retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.

Haz click para ampliar el gráfico

No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol que se muestran "escépticos" puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales "y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado".

El informe, por tanto, afirma que "cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario". También contempla crear un Observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes implicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio Nacional de Drogas y Adicciones. Para ello, se prioriza incluir en el Plan Nacional sobre Drogas actuaciones específicas "sobre los menores y el alcohol"; y ampliar, en el ámbito judicial equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados de guardia, para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.

El vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón, no se mostró contrario a que se incluyan sanciones a los padres pero cree que debe haber un plan integral que implique a toda la sociedad ante un "fenómeno tan complejo y difícil".

"La ley hace lo que puede y establece niveles de sanción, intenta poner límites, intenta que los padres respondan, lógicamente, de las conductas de sus hijos cuando son reiteradas. Todo esto está bien pero esto para mí debe ser dentro de un paquete global", dijo.

En su opinión, "nos equivocamos en darle a la Ley más expectativas de las que puede tener", además cree, en referencia a las sanciones, que "el palo vale pero cuando no hay más remedio", y "si sólo existe una ley sancionadora arreglaremos poco". "Un fenómeno tan complejo y difícil como es el de regular el consumo de alcohol en menores en un país como el nuestro, en una situación como la actual, con los niveles que hay y un estilo de vida, no se arregla con una medida", añade.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española Psiquiatría, Julio Bobes, ve positivo el informe ya que considera que "los jóvenes son malos gestores de su salud" y por ello entiende que son necesarias medidas de protección, información y formación sanitaria para que "aprendan a gestionarla". "El sistema nervioso, las células neuronales terminan de madurar entre los 22 y 24 años, por tanto es especialmente arriesgado que no se controle las ingesta de alcohol", explica.