Varias organizaciones de la comunidad educativa han manifestado posturas opuestas sobre el posible aval del Tribunal Constitucional (TC) a la financiación pública de los centros escolares que separan a los alumnos por sexo y que el Gobierno blindó en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha señalado que si se hace efectivo este respaldo del TC a la enseñanza diferenciada sería "muy negativo" para el sistema educativo y un "paso atrás" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, ha censurado la politización de la Justicia española: "Esos jueces están puestos por los partidos políticos y deciden sobre lo que a estos les interesa". Lo mismo ha indicado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que ha subrayado que es un "escándalo" que el PP "recurra a la Justicia para que "avale sus políticas franquistas".

Sin embargo, la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (CEAPA), Begoña Ladrón de Guevara, ha señalado que la posible decisión del Constitucional estaría "en consonancia" con el artículo 27 de la Constitución española que garantiza el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza. "Todo lo que vaya en encaminado en la defensa de la libertad de elección de los padres es bueno", ha apostillado.