Las investigaciones realizadas por los propietarios de salas de baile y discotecas gallegos han señalado que este año se podrían celebrar, al menos, 530 fiestas de fin de año y Reyes de carácter ilegal. La cifra supone un incremento del 25% respecto al pasado ejercicio.

Los datos fueron facilitados ayer por la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia. El presidente de la misma, Samuel Pousada, compareció ayer y, en declaraciones a FARO, detalló que 190 están previstas para la provincia de Pontevedra; otras tantas para la de A Coruña; mientra que en Lugo serían 75 e igual cuantía en Ourense.

Sobre el repunte del 25% en comparación con el año pasado, Pousada señaló que "lo notamos en la cesión de espacios públicos y en el incremento de fiestas clandestinas privadas. Las fiestas privadas son legales pero algunas se disfrazan de privadas aún teniendo ánimo de lucro y cuando en realidad están abiertas a todo el mundo".

Pousada explicó que se tiene por fiesta legal aquella que se organiza en un establecimiento público con licencia, disponiendo de condiciones mínimas técnicas y estableciendo medidas adicionales de seguridad, seguro de esponsabilidad social, así como autorización de la Xunta y el ayuntamiento. En este último caso, técnicos municipales deberían, según explicó Pousada, realizar comprobaciones e informes pertinentes. En este grupo, no se deben incluir las fiestas que realiza un grupo de amigos, cuya entrada está restringida a sus conocidos.

El presidente de la Federación recalcó que la permisividad con las fiestas ilegales "genera un problema de seguridad". En este punto, recordó los cinco fallecimientos habidos en el Madrid Arena años atrás por superar el aforo del citado emplazamiento, entre otras cuestiones.

Para poner remedio en Galicia, la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia ha solicitado un plan preventivo en todos los ayuntamientos desde principios de noviembre. "Lo más importante -señaló- es la labor preventiva para evitar el 90% de las fiestas; se podría conseguir si los ayuntamientos hicieran una labor de investigación".

Añadió que "denunciamos a medida que recabamos información, que cada vez es más difícil de conseguir". Entre las últimas en elaboración, figura -según dijo este abogado- una contra el Concello de Vigo por no impedir (de momento) una fiesta de fin de año en el hall del Auditorio Mar de Vigo.

Para Samuel Pousada, el lugar (el hall) no debería estar habilitado para este tipo de celebraciones. Añadió su duda de que cuente con las autorizaciones pertinentes y que algún técnico haya realizado un informe favorable. Añadió que la Federación ha solicitado información al Concello al respecto pero que, hasta ahora, no le ha sido facilitada.

Recalcó que "pedimos colaboración a las administraciones para que cumplan con su labor. Los concellos deben impedir estas fiestas y evitar esta competencia desleal".

También solicitó que no se cedan espacios públicos y que haya "tolerancia cero" con las fiestas ilegales. Recalcó que hay locales y discotecas que tienen que hacer frente a estas fiestas ilegales lo que suupone un "daño para el sector. No deberían prestarse los ayuntamientos a eso. A veces, incluso las subvencionan".

Por último, aprovechó para lanzar un mensaje a la parte de la población que piensa asistir a alguna fiesta que carece de las autorizaciones perceptivas: "Apelamos al sentido común de la gente para que vayn a locales de confianza y que no asista a fiestas en locales sin acondicionar".