Junto con el descenso de la natalidad y el consiguiente envejecimiento, la pérdida de emigrantes ha agravado la sangría demográfica en Galicia. La crisis obligó a muchos extranjeros a volver a sus países de origen por falta de oportunidades laborales y de esta manera veían frustradas sus expectativas de asentarse a largo plazo en la comunidad. Las últimas estadísticas revelan que solo el año pasado 10.787 personas procedentes de otros países abandonaron la autonomía, casi el doble de los apenas 5.400 que lo hicieron antes de que empezase la recesión. En aquel entonces el plan de muchos extranjeros una vez que encontraban un empleo y vivienda era iniciar los trámites para traerse a sus familiares: primero a la pareja y los hijos y luego a sus progenitores. Pero el descenso continuo de la llegada de inmigrantes ha provocado que en 2016 se registrase una nueva caída de las reagrupaciones familiares hasta las 1.470, el dato más bajo desde el inicio de la crisis, según el balance de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

Solo en el último año estas concesiones se redujeron en un 24% respecto a las 1.922 contabilizadas en 2015. La reducción alcanza el 60% en comparación con los datos de antes de la crisis, cuando el número de reagrupaciones anuales rondaba las 3.536. El pico máximo se alcanzó en 2011 con 5.628 inscripciones, un 74% por encima de las realizadas el año pasado.

La evolución varía según las provincias y el mayor descenso se da en A Coruña con un 32% menos de solicitudes de extranjeros para traer a sus parientes. En 2016 solo 410 personas pidieron el permiso de residencia por esta vía en la provincia coruñesa, lejos de las 1.598 contabilizadas en 2008, en concreto un 75% menos. Pontevedra lidera el número de reagrupaciones con 753 pero tampoco se salva de la reducción con una bajada del 24% en el último ejercicio, la misma que a nivel autonómico.

En el interior gallego, la caída oscila entre el 14% de Lugo y el 6% de Ourense con casi 180 peticiones en el primer caso y unas 130 en el segundo.

No solo que cada año lleguen a Galicia menos foráneos explica la caída de las reagrupaciones familiares, sino también el aumento de las denegaciones por la dificultad para cumplir las exigencias recogidas en la Ley de Extranjería. Los extranjeros que hayan residido de forma legal en España durante un año y tengan autorización para seguir al menos otro más tienen derecho a reagrupar a su cónyuge, a sus hijos menores de 18 años -o los de su pareja- y a sus progenitores si son mayores de 65 años y dependen económicamente de su hijo.

El motivo por el que muchos optan por esta vía es porque permite a la pareja e hijos del demandante obtener la autorización de residencia temporal que les habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo. El solicitante para optar a este derecho, sin embargo, tiene que demostrar que dispone de una vivienda para acoger a sus parientes y que sus ingresos superan los 800 euros mensuales y los 1.000 si se demanda el permiso de residencia para dos personas. Esto significa que para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige una cantidad mensual de 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que asciende a esos 800 euros y por cada miembro más se deberá sumar el 50% de ese índice, otros 266 euros.

Los interesados deben presentarse ante su Oficina de Extranjería y entregar el formulario oficial con la documentación acreditativa de los vínculos familiares, de unión de hecho y de dependencia legal según cada caso; una copia del pasaporte; la acreditación de empleo y recursos económicos; el contrato de alquiler o de venta de la vivienda; y en caso de reagrupar al cónyuge, una declaración jurada de que no reside en España con otra pareja.