La entrada en vigor en Portugal de la normativa que permite la gestación subrogada pero en situaciones excepcionales -que una comisión nacional estudiará para su aceptación o no- ha provocado en Galicia que los colectivos en contra o a favor se reafirmen en sus posiciones, aunque algunos con matices. Desde BNG y Plataforma Feminista Galega, el sentir mayoritario, según indicaron portavoces de los mismos, es oponerse a que esta posibilidad se implante en Galicia o España.
Su posición choca con la de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, cuya voz pública es la gallega Aurora González, que en una entrevista a FARO el jueves señalaba que la norma lusa demuestra que no proponen un delito de gravedad ni nada que no sea éticamente aceptable.
Desde el BNG, la diputada gallega Olalla Rodil apuntó que " lo que estamos viendo en los colectivos que defienden los vientres de alquiler es que intentan esconder bajo eufemismos como maternidad subrogada o gestación por sustitución una vulneración de derechos de las mujeres"
"Los contratos para alquiler un vientre -añadió- son de carácter mercantil. Ese altruismo del que habla la señora González no lo hay. En la propia iniciativa legislativa popular que cuelgan en su página web, prevé que la mujer que lleve al niño pague una indemnización a las personas contratantes en el caso de interrumpir voluntariamente su embarazo. ¿Qué altruismo hay ahí? En realidad, es un contrato mercantil de quien cree que debe ser compensado económicamente si no consigue su objetivo: comprar y vender una criatura. Desde el BNG, tenemos claro que eso es mercantilizar el vientre de una mujer. Por eso, rechazamos cualquier tipo de regulación".
Añadió que "es muy legítima la voluntad de tener descendencia, pero la maternidad o paternidad no son un derecho. Es un deseo y su satisfacción no puede suponer la vulneración de derechos de otras mujeres. Nos reduce a incubadoras".
Por su parte, Pilar Estévez, de la Plataforma Feminista Galega, reconoció que en dicha organización el sentir mayoritario es que "nosotras no estamos a favor de que el procese llegue ni siquiera a unos mínimos". Entienden que supondría una "mercantilización" del cuerpo de la mujer, reduciéndolo a una "incubadora". Añadió que "la legislación no se puede realizar por casos concretos y que si esas personas que lo reclaman tienen tantas ansias de dar amor a niños, ¿por qué no adoptan? Ser madre o padre es un deseo y esa gente lo reduce a la filiación genética".
No obstante, Estévez reconoció que en la Plataforma Feminista Galega hay una corriente minoritaria que cree que habría que entrar en el debate. Consideran que "para que esa realidad no sea mercantilista, hay que negociar con los legisladores". "Países como Ucrania e India se están convirtiendo en fábricas de bebés para el primer mundo; es como una industria neocolonial", añadió la activista.
