Los diputados de Unidos-Podemos se abstienen en la votación para ratificar el pacto estatal contra la violencia de género. Aún así la Comisión de Igualdad del Senado obtuvo los votos necesarios para seguir adelante con el pacto. La portavoz en la Comisión de la formación morada, Sofía Castañón, asegura que éste es un acto de "coherencia", después de que no se aceptaran varios de los votos particulares que habían emitido. A pesar de que el pasado lunes se manifestaran de acuerdo en la elaboración de este informe y votaran favorablemente. Castañón señala que las medidas que se acuerdan en el informe no tienen ni un calendario ni una partida presupuestaria para cada una de ellas, y por tanto carecen de la garantía de ser ejecutadas. Además, ha valorado el pacto como un logro de "quienes han salido a la calle" y no solo de los grupo parlamentarios.
La Cámara Alta de las Cortes ha realizado también una petición para que las mujeres no sean acusadas de sustracción de menores en casos como el de Juana Rivas, la madre granadina que se encuentra en paradero desconocido junto a sus hijos, evadiendo la orden judicial que la obligaba a entregar a los niños a su ex marido y padre de los pequeños, Francesco Arcuri, a quién denunció por violencia de género en dos ocasiones.
Sobre el caso de Rivas ha hablado el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se ha mostrado empático con la mujer "hay que ponerse en el lugar de esta madre", afirma. Ante este clima creado en torno a casos como el de la granadina Rajoy asegura: "A las personas conviene atenderlas y comprenderlas y luego está todo lo demás". El presidente también ha hablado sobre el pacto: "Quiero agradecer la disposición de todos los grupos políticos a la hora de acordar los términos de este pacto que les ofrecí en la sesión de investidura", afirma.
Por su parte, desde el colectivo feminista Mulleres Nacionalistas Galegas, la activista Paula Ríos, recordó que la petición de que padres con sentencia por violencia de género no tengan la custodia de los hijos de la mujer que maltrataron es una "demanda histórica recollida de forma tanxencial na lei de 2004, actualmente en vigor, pero que non se aplica". Añadió que "o pai que agrede á nai dos seus fillos non pode ser un bo pai". Por ello, mostró su apoyo total a Juana Rivas: "Cando a xustiza falla porque non é xusta, hai que desobedece-la lei".
Con este histórico pacto de Estado se busca dar prioridad a la seguridad de los menores, así como, a la de las víctimas. Con estas medidasm se consigue que los padres condenados por violencia de género no puedan ver a sus hijos. Queda totalmente rescindida la custodia compartida, el régimen de visitas y además se prohiben las visitas a los padres que se encuentren en prisión por parte de los menores. Con el voto exclusivo de los miembros de Partido Popular, la Comisión de Igualdad ha rechazado que el futuro pacto de Estado contemple la prostitución y los vientres de alquiler como una forma de violencia de género, tal y cómo había pedido el PSOE y que contaba con el apoyo del resto de la oposición.
La senadora socialista, Laura Berja argumentaba que la prostitución supone uno de los tipos de violencia más "crueles" que puede sufrir una mujer, al afectar a su salud e integridad física y moral, del mismo modo que consideran hace la "explotación reproductiva" y la "violencia económica y patrimonial". Ante estos argumentos los miembros del PP han rechazado la propuesta al considerar que son cuestiones que deben ser tratadas en otros ámbitos. Aunque no cierran la puerta a trabajar sobre la regularización de estas prácticas. Y es que una de las medidas fundamentales es la nueva definición de violencia de género, más amplia, que se plantea. Siguiendo lo establecido por el Consejo de Europa en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. En donde se incluye como violencia de género la trata de mujeres con finalidades sexuales, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, entre otras.
Además, con la finalidad única de ayudar a todas las mujeres, se desarrollará un plan de asesoramiento y un plan de acompañamiento para las víctimas, además de recibir la protección de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado durante las veinticuatro horas del día. Y se va a potenciar el plan de inserción laboral y social para las víctimas, estudiando el actual sistema de ayudas.El pacto que ya tiene el visto bueno por parte del Senado, deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados. En septiembre de este mismo año cuando se reanuden las sesiones de la Cámara Baja, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán la opción de realizar votos particulares. Posteriormente, el Gobierno tendrá un plazo de cuatro meses para elaborar una ley que ponga en marcha estas medidas.
Tras la votación y a pesar de no estar de acuerdo en pequeños detalles, los miembros de la Comisión se han felicitado mutuamente y su presidenta, Susana Camarero, les ha dado su "enhorabuena de corazón" antes de que todos comenzaran a aplaudir. Incluso la portavoz de Unidos-Podemos, a pesar de su abstención en la votación, ha querido manifestar su entusiasmo por lo que como ella dice "es política feminista" y ha alabado la labor de la Comisión.
