Los controladores, a juicio 7 años después del caos que cerró el espacio aéreo

La justicia acusa a 133 trabajadores de las torres de control y les impone 17 millones de fianza que deben depositar si no quieren ser embargados

20.07.2017 | 09:42
Decenas de pasajeros esperan a facturar sus equipajes en el aeropuerto de Peinador, el domingo 5 de diciembre. // Marta G. Brea

Los hechos

  • En el puente de la Constitución de 2010, buena parte de los controladores aéreos del país dejaron su puesto.

Motivos

  • Protestaban contra un cambio de jornada laboral. Cogieron la baja alegando malas condiciones psicofísicas.

Repercusiones

  • Más de 4.500 vuelos se vieron afectados, y unos 650.000 pasajeros quedaron en tierra. Se decretó estado de alarma.

Providencia del juez

  • Un juzgado madrileño acaba de dictar un auto de apertura de juicio oral contra 126 controladores y 7 representantes sindicales.

Más de 4.500 vuelos afectados. Unos 650.000 pasajeros -más de 21.000 viajeros gallegos- que se quedan en tierra. Reclamaciones por valor de más de 200 millones de euros... Casi siete años después de aquellas escenas que mostraban a todos los aeropuertos de España patas arriba en pleno puente festivo de diciembre, la justicia ha decidido abrir juicio oral a los controladores aéreos que al ausentarse de su trabajo llegaron a provocar el cierre del espacio aéreo del país los días 3 y 4 de diciembre de 2010.

A la expectativa están un total de 15.190 viajeros perjudicados, que en su mayoría han reclamado una indemnización de 10.000 euros. Esta cuantía ha sido rebajada por el juez, de forma provisional, a 1.150 euros. No obstante, la última palabra será lo que en su día determine la correspondiente sentencia.

Los 133 controladores aéreos (126 profesionales y 7 representantes sindicales) que serán juzgados son acusados por el juez y el fiscal de un delito de abandono de funciones. Se les exige una fianza conjunta de 17.468.500 euros, cifra que resulta de multiplicar los 15.190 reclamantes por los 1.150 euros por cabeza que el juez considera razonables. Los acusados que no satisfagan la fianza verán embargados bienes de su propiedad. El proceso judicial se desarrollará en el Juzgado de lo Penal de Madrid que por turno le corresponda.

El abogado Ramón Fernández Mijares es uno de los afectados, y se ha sumado además como acusación particular. "No entiendo por qué no se les acusa también de sedición si se tiene en cuenta que provocaron el cierre del espacio aéreo de un país entero", subraya. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a decretar el estado de alarma y los militares asumieron el mando de las torres de control.

El conflicto de los controladores aéreos comenzó en Galicia y luego de extendió al resto de España. Los protagonistas se movilizaron contra un nuevo decreto que modificaba la regulación de su jornada laboral. Los controladores abandonaron sus puestos, alegando que no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. Argumentan que todo se debió a errores por parte de Aena en el cómputo de su jornada. El ministro de Fomento, José Blanco, calificó en aquel momento los hechos como "huelga salvaje".

Las dimensiones del caso son apabullantes: 38 acusaciones particulares que representan a un total de 15.190 usuarios de avión perjudicados por una crisis que tuvo su culmen en pleno puente festivo de la Constitución y la Inmaculada.

Como se ha indicado, buena parte de los demandantes pretendían ser resarcidos con 10.000 euros, pero el magistrado Jorge Israel Bartolomé Moriano sostiene que esta cuantía "parece bastante alejada de las baremaciones estimadas por los órganos judiciales españoles". El juez agrega, no obstante, que "resulta de todo punto imposible en este momento del procedimiento" atisbar cuál puede ser el importe total de "las responsabilidades civiles que pudieran ser fijadas en una hipotética sentencia condenatoria".

"La fianza no debería ser de 17 millones euros, sino de 170 millones", enfatiza Ramón Fernández Mijares, a quien el conflicto pilló en un aeropuerto, acompañado de su esposa, con el objetivo de volar a Fuerteventura. "No pudimos viajar ese día, tuvimos que volver a casa y al día siguiente sí conseguimos volar", precisa el letrado. "Perdimos parte de nuestras vacaciones, pero es no es lo importante. Lo relevante es que unos trabajadores públicos abandonaron su puesto de trabajo y cerraron el espacio aéreo de todo un país".

El juez sostiene que los controladores adoptaron "la decisión concertada de no continuar prestando los servicios de control de la navegación aérea, tratando de amparar su decisión en una torticera declaración unilateral de pérdida de las condiciones psicofísicas". "Dicha acción -prosigue el magistrado Bartolomé Moriano- produjo unas consecuencias previsibles y hasta buscadas de interferir y perjudicar a los numerosos usuarios del transporte aéreo de aquellas señaladas fechas, como un elemento más de presión o fuerza en el conflicto laboral existente en aquellos momentos".

Hasta ahora, las múltiples demandas judiciales impulsadas por lo sucedido en aquel puente festivo no habían llegado demasiado lejos. Ha sido el magistrado Jorge Israel Bartolomé Moriano el que ha dictado una providencia que dispone la apertura de juicio oral. En su resolución, apunta que los hechos juzgados tienen como responsables civiles a los controladores acusados, a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y, subsidiariamente, al ente público empresarial Enaire (gestor de la navegación aérea en el Estado Español y el Sáhara Occidental).

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