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El regreso del 'canon digital'

El Gobierno recupera el modelo europeo de compensación a los autores por la copia privada de sus obras - Smartphones, tablets, reproductores e impresoras tienen gravamen

El regreso del 'canon digital'

Vuelve el modelo de compensación por copia privada con cargo a los importadores y fabricantes de aparatos y soportes de grabación y reproducción, pero con excepciones sobre quién deberá hacerlo. El nuevo "canon digital" que ratifica el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto Ley recupera el modelo europeo y sustituye al actual, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Las tarifas que se plantea -a priori- son las siguientes: los teléfonos móviles con capacidad para reproducir videos y sonidos estarán gravados con 1,1 euros, mientras que la compensación de las memorias USB y discos duros será de 24 céntimos. Se establece también un gravamen de 3,15 euros para las tabletas, de 5,45 para reproductores de sonido o vídeo y de 6,45 para reproductores no integrados. No obstante, no se aplicará más de una cantidad a los ordenadores o tabletas. Además, las impresoras estarán gravadas con entre los 4,5 y los 5,25 euros, mientras que las grabadoras de discos incluirán una compensación de entre 0,33 y 1,86 euros, y los discos compactos para la reproducción mixta de entre 8 y 28 céntimos.

Este nuevo modelo introduce como novedad la posibilidad de reembolso para un uso "exclusivamente profesional" o para su "exportación o entrega intracomunitaria". En lo que respecta a las reacciones, la medida ha causado una alegría "moderada" en PSOE y Ciudadanos, y para las entidades de gestión, llega "con un año de retraso".

Esta nueva norma sustituye a la anterior, que fue tumbada por el Tribunal Supremo el año pasado, y cargará el canon que se paga a los autores por las copias privadas que se hacen de sus obras en los móviles, CD y memorias. Podrá ser revisada en cualquier momento en función de la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado, deberá ser revisada también en cualquier caso "al menos con una periodicidad de tres años". También, fija una "implantación escalonada" para "facilitar la introducción del nuevo modelo".

Así, el primer año tras la entrada en vigor se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

"Se gravan a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja", han matizado.

Transcurrido un año se regulará mediante real decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado.

Según ha dicho Méndez de Vigo, este nuevo texto "se justifica por dos razones": porque tras la anulación del Tribunal de Justicia de la UE "estábamos en un escenario en España que exigía la necesidad de regular un nuevo sistema de compensación equitativa por copia privada" y porque la Comisión Europea "se estaba planteando la incoación de un procedimiento de infracción del derecho comunitario".

La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), subrayó que esta nueva legislación "pone fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos". Aún así, recordó que las cifras son netamente inferiores a las que se aplican en otros países del entorno europeo. En Francia cada 'tablet' y 'smartphone' llevan un recargo de unos 8 euros, mientras que en Alemania la cifra es igual para las tabletas, por 6,50 euros para los teléfonos, según el "Informe de copia privada y sistemas de compensación en países de nuestro entorno", del que dispone Adepi.

Para el escritor Manuel Rico, presidente de la plataforma Seguir Creando, el nuevo decreto ley es un "paso muy positivo" porque supone adaptar de nuevo la legislación española a las directivas europeas, algo que se "rompió inexplicablemente en 2012". "Creemos que eso es una aceptación de las recomendación de la UE y supone responder a los intereses de los autores, que son los que se veían perjudicados por el sistema anterior", indicó.

Antonio Fernández | Director general de Adepi

"España resuelve su situación de 'fuera de juego', pero las tarifas son más bajas que en Europa"

Es "una buena noticia", aunque llega con un año de retraso. La Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, que aglutina a las principales entidades de gestión -Cedro, Aisge, Agedi, AIE, SGAE, Egeda, DAMA, y Vegap- aplaude la aprobación del Real Decreto Ley que regula el nuevo canon digital, que carga la compensación equitativa a los importadores y fabricantes de equipos, aparatos y soportes de reproducción.

El director general de Adepi, Antonio Fernández, señala que la recaudación será mayor que "los exiguos cinco millones de euros" que contemplaba el anterior sistema, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. "Seguimos a la cola de Europa pero recaudaremos más"aseguró Fernández, que reconoce que este nuevo modelo, que contempla la posibilidad de reembolso para un uso "exclusivamente profesional", no alcanza la media per cápita de recaudación por ciudadano de Europa.

Las tarifas que establece este Real Decreto son "bajas" en comparación con la media europea y "sobre todo" con países como Italia, Francia, Holanda o Alemania. No obstante, matiza que son "transitorias" y tendrán que ser revisadas. Fernández celebra que resuelve una situación que estaba "en fuera de juego a nivel europeo".

Desde Adepi esperan un ajuste "con criterios objetivos" durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema. Tal y como han destacado, este Real Decreto Ley "soluciona la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa", lo que en su opinión ha causado un "grave perjuicio a los titulares de derechos".

El director general de Adepi celebra que este texto cumple "de forma escrupulosa la doctrina del TJUE y la directiva de la UE, un contexto en el que el "Gobierno tenía muy poco margen de maniobra", y ha destacado que resuelve una situación que estaba "en situación de fuera de juego a nivel europeo".

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