14 de mayo de 2017
14.05.2017

Defensores de los niños y la mujer exigen más medios ante la violencia

Las asociaciones piden formación para atender a las víctimas

14.05.2017 | 02:18
Vista general de los Juzgados de la Mujer de Vigo. // Marta. G. Brea

Más medios y más formación para los profesionales que atienden a las víctimas de maltrato machista, sean menores o mujeres quienes lo sufran. Los piden asociaciones feministas, pero también el Colegio de Abogados y la Policía Nacional. El caso del pequeño al que su padre mató la pasada semana, para hacer daño a su madre según concluyó el juez, es analizado por expertos en maltrato infantil y en violencia machista. Consideran que no se trata tanto de cambiar la legislación sino de que las personas que la apliquen tengan la formación suficiente como para desterrar mitos como que un padre no hará daño a sus hijos.

¿Están los menores protegidos de los que, en teoría, deberían mantenerlos a salvo a ellos de cualquier peligro? La Fundación Mujeres, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), Colegios Oficial de Abogados, la Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) -que, a pesar de su nombre hace terapia familiar e imparte formación a menores- reflexionan sobre esta cuestión. Lo hacen desde su punto de vista y desde su experiencia e, inevitablemente, con el fallecimiento del pequeño de once años al que su padre admitió haber matado la semana pasada durante una de sus jornadas de convivencia regladas en el régimen de visitas en el horizonte.

La madre del niño le había denunciado en 2008 y en 2013. En el primer caso fue condenado por un delito de coacciones y, en el segundo, se le investigó como presunto autor de un delito de amenazas a través de las redes sociales, aunque no fue condenado porque no se pudo probar quién había cometido los hechos. Desde 2010 a 2013, el procesado cumplió una orden de alejamiento de su exesposa. Actualmente, tenía al niño dos fines de semana al mes y lo recogía en el punto de encuentro que gestiona la Fundación Meniños, que declinó participar en este reportaje.

Todas las entidades consultadas están de acuerdo en que la protección de los menores podría ser mejor si las personas que se encargan de decidir sobre su presente y su futuro tuviesen más formación sobre el maltrato y si hubiese más medios para desarrollar toda la legislación vigente en materia de violencia machista y también de protección de menores.

Para el abogado y vocal del área jurídica de Agamme, Víctor Manuel López Casal, es indispensable que se escuche a los niños y a las niñas en estos procesos y que los técnicos que se encargan de atenderlos cuando sufren algún tipo de abuso, ya sea sexual o violencia en el hogar, tengan formación específica en psicología infantil para saber interpretar sus silencios y sus testimonios. Y es que, según apunta López Casal, a diferencia de lo que pasa con las denuncias formuladas por los adultos por casos como un robo, los menores parten de una posición de inferioridad, porque su declaración no se toma, en principio, como verdadera y seria.

La secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía, Sandra Castro, confirma este extremo, ya que, cuando los agentes de la Policía Nacional tienen constancia de que hay un caso de violencia que afecta a un menor, lo primero que hacen es: "corroborar" la historia, investigar que sea cierta y, si lo es, los funcionarios del 091 se llevan a la víctima para evitar que siga expuesta al peligro.

A partir de ahí, son los agentes los que le buscan un nuevo hogar, primero, entre los familiares y, si ninguno de ellos puede hacerse cargo del menor, extienden las pesquisas hasta las familias de acogida disponibles. Si no hay ningún hogar en el que se puedan quedar les envían a un centro de acogida. "Es la última alternativa", sentencia Castro, a partir de ahí, los menores están bajo tutela judicial y ya no policial.

En teoría, son los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional los que atienden a las víctimas de violencia de género y a los menores. Sin mebargo, en provincias, desde el pasado mes de octubre, los funcionarios especializados en estos campos solo recogen denuncias por la mañana, de modo que, si una víctima de violencia doméstica va a denunciar por la tarde, la atenderán agentes que no han recibido formación en esta problemática. El SUP denunció ya esta irregularidad.

La Policía Nacional no tiene muchas más competencias en casos de violencia a menores, por lo que solo va a los puntos de encuentro o a las visitas entre padres y niños cuando alguno de los progenitores está en prisión. "Vamos para custodiar al reo, en una situación normal, en la que los padres están separados pero en libertad, no vamos para garantizar la seguridad del niño o de la niña", indica la portavoz del SUP.

La directora de la Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) y psicóloga, María José Lamas, apunta que, en ocasiones, los niños se convierten en moneda de cambio, que son "cosificados" en manos de determinados padres. Y, de ahí, nace ese sentimiento de dañar al pequeño para atentar contra la integridad de la madre, tal y como se ha establecido que es el caso del parricida coruñés.

"Tenemos un problema y es que, en el ámbito judicial no se le da crédito a la afirmación que llevamos diciendo las organizaciones feministas y de mujeres durante muchísimo tiempo, que es que un maltratador no puede ser un buen padre", dice a este respecto la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que defiende que el clima de violencia en un hogar es "nefasto" para el desarrollo emocional y humano de los niños y las niñas, por lo que el maltrato hacia la madre "no puede ser abordado de manera independiente" al de los hijos. Hace hincapié en que hay que desterrar de los juzgados ideas como que "lo mejor para un menor es estar con su padre y con su madre porque, cuando el padre es un maltratador y amedrentra a su madre, no es una buena influencia".

La técnica de Rexenerando Sociedade Cooperativa Galega, que está elaborando el proceso participativo del pacto social contra las violencias machistas, Olalla López Barro, cree que la existencia de mitos como el de que los padres nunca harán daño a sus hijos proceden de la educación patriarcal recibida.

"Como sociedad nos resulta muy complicado asumir las consecuencias del machismo porque, muchas veces, tenemos muy interiorizadas las conductas machistas, así que, sin quererlo, somos cómplices de lo que está pasando. Queremos creer que es así, que tiene un sentido la violencia pero, en este marco del patriarcado, los niños y las niñas no son considerados seres humanos con derechos propios, sino que son una prolongación de los derechos de las mujeres. Están en una posición subalterna", comenta López.

Su posición es clara: "Teniendo en cuenta que hay personas que demostraron que lo único que quieren hacer es dañar [habiendo sido condenadas por maltrato], las personas más vulnerables que están a su lado corren riesgos. No hay que dar soluciones salomónicas como la custodia compartida por norma, sino que hay que analizar más cuestiones de fondo", dice Olalla López Barro, que aboga por proporcionar resoluciones personalizadas.

"El interés superior del menor hace que, el simple riesgo de que esto [un maltrato o un abuso] pueda pasar, sea razón suficiente para sacar a los niños de esa situación de riesgo", comenta Soleto.

Para eso, sin embargo, hay que luchar antes contra uno de los rasgos de la violencia machista, que es que la víctima no siempre es consciente del riesgo que corre, así que, en ocasiones no denuncia o no lo hace de una manera efectiva, por lo que, desde la Fundación Mujeres, piden "mayor diligencia a las instituciones" a la hora de actuar en casos de maltrato.

José Bretón -condenado por matar y quemar a sus dos hijos-, según recuerda Soleto, no fue denunciado por violencia de género hasta que desaparecieron los niños. "Es un riesgo difícil de evaluar que, sin embargo, puede producir un mal muy alto", resume. Para combatir estas carencias, tanto Soleto como Víctor Manuel López Casal piden efectividad a las instituciones, medios y personal especializado en materia de violencia de género.

"En el proceso, los niños están siendo doblemente maltratados, no solo cuando sufren la agresión sino que porque tienen que repetir qué les ha pasado a diferentes profesionales durante mucho tiempo", comenta López Casal, que asegura que, entre las carencias a las que se enfrentan los menores está, por ejemplo, que en el Instituto de Medicina Legal de Galicia no haya especialistas en psicología infantil.

La falta de formación es uno de los problemas pero, desde Agamme, indican también que ninguno de los muchos adultos que se encargan de tomar decisiones sobre el futuro del menor se paran a escuchar cuál es su opinión. "¿Iba con miedo el niño al punto de encuentro?, ¿quería ver al padre?, ¿fue alguna vez amenazado?, ¿algún juez, abogado o fiscal, preguntó la opinión del niño y la tuvo en cuenta?", resume el vocal de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores.

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