La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición legislativa del PP para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria con el fin de restringir a casos "muy excepcionales" el informe médico requerido a personas sordas y ciegas para poder casarse.
La oposición consideró "urgente y necesaria" esta reforma para arreglar la "chapuza" que supuso la introducción por el Gobierno del PP de cambios en el artículo 56 del Código Civil para requerir a las personas con discapacidad sensorial a partir del próximo 30 de junio un dictamen médico para contraer matrimonio. El artículo establecía que si alguno de los contrayentes está afectado "por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales", el secretario judicia exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
