El aborto farmacológico está sustituyendo al quirúrgico. Esta es una de las principales conclusiones del informe "El aborto en España. 30 años después (1985-2015)" presentado ayer por el Instituto de Política Familiar (IPF). Según las estadísticas oficiales de abortos registrados del ministerio de Sanidad, en el año 2010 se registraron un 5,4% de abortos químicos frente al 18,5% del 2015.

Sin embargo, el IPF denuncia que los datos oficiales actuales del Ministerio de Sanidad son incompletos y no reflejan la realidad del aborto. "Hay Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que no registran los abortos químicos ni disponen de protocolos de seguimiento", señala Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar. El informe extrapola los datos de las CCAA que sí ofrecen registros públicos de abortos químicos al conjunto nacional.

El resultado es que en el 2015 hubo 23.266 abortos químicos, un 23% del total que sumaría más de 100.026 frente a los 94.188 ofrecidos por el Ministerio. "La tendencia a la quimicalización del aborto no sólo pretende desdramatizar el problema sino también invisibilizarlo", denuncia Hertfelder, quien exige a las CCAA que "cumplan con su obligación de transparencia" y ofrezcan los datos completos de los abortos de sus regiones.

Las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía presentan el mayor número de abortos acumulados entre los años 1991-2015, con un total de 369.525, 339.451 y 329.747 abortos respectivamente. Galicia se sitúa en el séptimo lugar de la tabla, con 65.093 abortos en ese periodo.

Por otra parte, los datos del informe destacan que Asturias es la comunidad donde las mujeres abortan más repetidamente y, junto a la Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias, 4 de cada 10 mujeres han abortado más de una vez. Galicia está entre las comunidades con un porcentaje menor de mujeres que abortan más de una vez, con un 29,9%.

Además el informe del IPF señala que si se sumaran los abortos por la píldora del día después (PDD), la cifra sería muy superior. "Es muy difícil afirmar cuántos de los 700.000 consumos anuales de PDD acaban en abortos, pero sí podemos afirmar que la PDD tiene un doble efecto: antiovulatorio, pero también anti-implantatario, es decir, es o puede ser abortiva y se está dispensando sin ningún tipo de control administrativo ni sanitario", concluye Hertfelder.