"La Constitución no conoce otra nación que la española". Es la sentencia del Tribunal Constitucional atemperando en 2010 las pretensiones de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dio la salida a una larga controversia que se extiende hasta el presente. Manuel Aragón Reyes, hoy magistrado emérito del Constitucional y en aquel tiempo miembro del Tribunal a propuesta del PSOE, defendió y votó la polémica resolución, fue decisivo en su aprobación y en su criterio en algún punto divergente del sector progresista y vuelve a rebatir las opiniones que hoy siguen relacionándola con el origen de la actual oleada secesionista. Aragón denuesta la "manipulación política" interesada del fallo además de cuestionar la interpretación del régimen parlamentario que han efectuado en algún punto los partidos políticos españoles.

-Propone "repensar el control parlamentario del Gobierno". ¿Hacia dónde?

-En mis conferencias profundizo en la situación de nuestro régimen parlamentario tras las dos últimas elecciones, aunque, claro está, también hablo del control parlamentario. Creo que en el pasado, incluido el inmediato, nuestros principales partidos no han entendido bien lo que lo que significa el régimen parlamentario. Es posible que ahora, cuando la tendencia bipartidista parece haber terminado, lo entiendan, por fin, aunque sin caer en el riesgo de un régimen parlamentario de asamblea, que sólo nos podría conducir a la inestabilidad institucional o la ingobernabilidad.

-Ha cuestionado el abuso progresivo del decreto-ley en los sucesivos Gobiernos y las deficiencias de la fiscalización de las Cortes sobre la labor del Ejecutivo. ¿Indicios de una democracia todavía débil?

-El abuso del decreto-ley era el indicio de un parlamento débil, con escasa autonomía respecto al Gobierno y con exceso de disciplina interna en el interior de los grupos políticos. También era la consecuencia de una desafortunada interpretación del significado constitucional de los decretos-ley y, por ello, de su laxo control jurisdiccional.

-¿Por dónde diría que urge actualizar la Constitución?

-En la regulación de nuestra integración europea o de la financiación autonómica y en la organización territorial del Estado, aclarando y simplificando la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas... De todos modos, requisito indispensable para la reforma es, aparte de una meditada preparación técnica, la obtención de un consenso suficiente para apoyarla, algo que no veo fácil en las actuales circunstancias políticas.

-¿Qué piensa cuando escucha que esta oleada independentista viene directamente de la sentencia de 2010?

-No soy el más indicado para hablar de aquella sentencia, pues participé en su elaboración y aprobación. De todos modos, creo que la exacerbación del independentismo tiene unas causas anteriores y otras posteriores de mayor entidad que lo que aquella sentencia pudiera haber significado. Para cualquier lector informado y desapasionado, lo que aquella resolución decía era que la reforma del estado autonómico que el Estatuto pretendía no podía lograrse a través de cambios en un Estatuto de Autonomía, sino sólo mediante una reforma de la Constitución. Quizás los políticos no atendieron ese mensaje. Si así fue, la culpa de que el problema aún esté sin resolver y se haya agravado será de ellos, no del Constitucional, que no puede es hacer decir a la Constitución lo contrario de lo que dice.

-¿Se ha manipulado interesadamente la sentencia para sacar a la gente a la calle?

-Ese es un juicio que yo no debo emitir, aunque pienso, en general, que algunas veces se ha manipulado, por intereses políticos, el contenido exacto de esa sentencia. Como antiguo magistrado del Tribunal y profesor que ha dedicado casi cuarenta años a estudiar la justicia constitucional, sí me siento legitimado para mostrar mi desaprobación por una apelación "a la calle" muy concreta: aquella manifestación convocada contra el Tribunal por el entonces presidente catalán inmediatamente después de dictada la sentencia para intentar deslegitimar ante la opinión pública al supremo intérprete de nuestra Constitución. No concibo algo parecido en otros estados democráticos.

-Ha dicho que en Cataluña sí cabría un referéndum sobre una petición de reforma de la Constitución. ¿Eso pondría los medios para dar una posible salida al problema?

-Efectivamente, lo dije hace tiempo, pero ahora tengo dudas de si mi opinión de entonces era acertada, puesto que una consulta popular sobre una propuesta de reforma constitucional, previa a la actuación de las Cortes Generales, podría suponer un condicionamiento político al poder estatal de reforma, que siempre debe estar libre de injerencias externas. De todos modos, ese referéndum autonómico sólo podría celebrarse si el Estado, previamente, lo ha regulado. La comunidad autónoma no tiene competencias.

-Se ha dicho que en su día se le insinuó una oferta para presidir el Constitucional a cambio de modificar su voto en la sentencia del Estatut. ¿Es cierto?

-No. Además, mi actuación como magistrado del Tribunal Constitucional nunca habría estado condicionada por la posibilidad de presidirlo.

-¿Sintió la presión en algún otro sentido en aquellos momentos?

-Presiones directas sobre mí, ninguna, aparte de que ni las hubiera permitido ni habrían logrado alterar mi independencia de criterio. Otra cosa son las presiones que sobre el Tribunal se hicieron por medio de las manifestaciones de determinados políticos y de las campañas de determinada prensa, algo que me pareció entonces muy poco edificante. No creo que ese tipo de presiones, que sí influyeron en un cierto deterioro de la imagen del Tribunal ante la opinión pública, hayan incidido indirectamente sobre sus miembros. Sobre mí, al menos, no.

-Ha sido preceptor del rey Felipe. ¿España ha superado el debate sobre la forma de Estado?

-Los españoles hemos tenido la suerte de contar con un Rey, Don Juan Carlos, que jugó un papel esencial en la recuperación de la democracia, y de que hoy ocupe la Corona un Rey modélico. En ese sentido, también por fortuna, creo que el debate sobre la forma de Estado se encuentra superado en España, por ahora, y espero y deseo que también en el futuro.

-El Constitucional ha sentado doctrina, a raíz de la expulsión de la exmilitante socialista Susana Pérez-Alonso, sobre la obligación de los militantes de los partidos de "contenerse" en sus críticas a la organización. ¿Comparte este criterio?

-Mi deber de lealtad con una institución a las que serví durante nueve años no me impide expresar que, en mi opinión, esa sentencia quizás ha ido más allá de lo que constitucionalmente hubiera sido correcto. Coincido con alguno de sus votos particulares.