Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Marga Grau, están siendo investigados por un delito de estafa al solicitar dinero a través de las redes sociales y de medios de comunicación para supuestos tratamientos de su hija, que sufre una enfermedad rara, y cuyo destino está en tela de juicio.

El titular del juzgado de instrucción 1 de La Seu d'Urgell lleva el caso de estos padres, que residen en Fígols i Alinyà (Lleida), y que en la noche del miércoles fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra. El padre sigue en la comisaría de La Seu, mientras que la madre fue puesta en libertad en la madrugada del jueves. Durante esas horas de la noche, la niña estuvo a cargo de unas personas de confianza de la familia.

Mientras los progenitores eran detenidos por la policía autonómica, el juez ordenó un registro de la vivienda familiar en el cual él estuvo presente.

El Fiscal Jefe de Lleida, Juan Boné, justificó la detención de los padres de la niña porque, en las últimas 48 horas, se desconocía el paradero de Fernando Blanco y públicamente había dado diferentes versiones sobre dónde se encontraba.

Ambos niegan haber estafado con las donaciones, que podrían ascender a unos 300.000 euros desde 2009, aunque sí han admitido haber exagerado partes de su relato.

Fuentes próximas a la Fiscalía aseguran que aprecian indicios de delitos de estafa en el caso, aunque no ven riesgo inminente para la menor, por lo que no se inclinan por solicitar medidas cautelares. En cualquier caso, el ministerio fiscal estudiará hoy las diligencias practicadas por los Mossos y decidirá si finalmente solicita o no medidas urgentes.

Por ahora, el juez ha acordado inmovilizar las cuentas bancarias de los padres para intentar averiguar si el dinero se ha destinado a la curación de la menor, aunque también pretende determinar exactamente cuáles son las condiciones de salud de la pequeña. Además, el juez ha retirado el pasaporte de Nadia a sus padres, de forma que la pequeña no puede salir al extranjero sin autorización.

Además, el magistrado quiere que la Fiscalía se pronuncie sobre si es oportuno o no plantear medidas civiles en relación con la tutela o el cuidado de la menor. En concreto, las medidas civiles van desde la tutela de la menor hasta tratar aspectos sobre su manutención, residencia, comunicación, tratamientos médicos o para asegurar su educación, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.