El gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, indicó que el departamento jurídico está estudiando "en profundidad" la sentencia que condena al Sergas a indemnizar con 270.000 euros a una paciente a la que derivó a Madrid para realizar un aborto de un feto inviable y cuyo proceso acabó con la extirpación de su útero.
"Nosotros, evidentemente, respetamos las resoluciones judiciales, pero (tenemos que) valorar cuál debe ser, desde el punto de vista jurídico, el planteamiento que haga el Sergas", manifestó Fernández-Campa sobre la posibilidad de recurrir el fallo de un caso que publica 'eldiario.es'.
Y es que, según sus propias palabras al ser preguntado al respecto por los periodistas, Fernández-Campa señala que el Sergas recibió "muy recientemente" la sentencia que ahora es objeto de análisis por su departamento jurídico.
Según el citado medio digital, el juzgado contencioso-administrativo número dos de Lugo constata que "la negligencia denunciada rebasa los estándares de lo tolerable" y que el Sergas "expuso a un riesgo vital elevado" a la paciente al dilatar su embarazo y obligarla a recorrer 500 kilómetros en su propio coche para abortar en una clínica madrileña.
