La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y el resto de investigados por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación a la Fundación acudieron ayer hasta los juzgados de Padrón (A Coruña) para recoger la notificación de esta pieza del procedimiento se llevará a cabo con jurado popular, un acto en el que las defensas aprovecharon para volver a reclamar el sobreseimiento de la causa y se opusieron a las imputaciones.

Los primeros en llegar a los juzgados padroneses, sobre las 11.30 horas, fueron el exconselleiro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga (subdirectora de la fundación), junto con su abogado, Evaristo Nogueira, seguidos del exgerente de la Fundación, Tomás Cavanna.

Sobre las 12.30 horas llegó hasta los juzgados la viuda del Premio Nobel, Marina Castaño, seguida de cerca por su abogado, con semblante serio y sin querer hacer declaraciones. Los investigados permanecieron poco más de media hora dentro del edificio judicial, salieron también sin atender a los medios de comunicación y, en el caso de Castaño, apartó airadamente los micrófonos que intentaban sacarle unas palabras.

Al término del acto judicial, Evaristo Nogueira indicó que las defensas volvieron a mostrar su oposición a esta imputación y reiteró que el procedimiento "no tiene recorrido". En concreto, apuntó que el hecho de que la Xunta "no se haya personado" como perjudicada por malversación de caudales públicos debería desembocar en un "sobreseimiento posterior".

"Que no ejercite la acusación quien teóricamente sería el perjudicado por la malversación avala la tesis de la defensa de que se ha pagado siempre con el beneplácito y el visto bueno de la Administración autonómica", dijo Nogueira.

El letrado aclaró que "todavía se puede pedir el sobreseimiento" de la causa y confió en que finalmente no llegue a juicio, al tiempo que rechazó estimar cuándo podría producirse este.

La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular.

El Código Penal establece una penalidad (si resultan culpables) de entre tres y seis años de prisión, además de entre seis y diez años de inhabilitación.

En el auto de cierre de instrucción, la titular del Juzgado número 2 de Padrón, Paula Ventosa, explicó que, del estudio de la documentación y de la declaración de los investigados y testigos, "resultan indicios suficientes de la participación de los investigados".