Uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión en España, lo que supone que las familias no les puedan cambiar las gafas, tengan dificultades para adquirir sus libros de texto, no puedan irse de vacaciones y en determinados contextos sufaen problemas de malnutrición, según alertó ayeUnicef durante la presentación de su informe Estado mundial de la infancia. En el mismo, describe un panorama desolador para el futuro de los niños en situación de mayor pobreza en el mundo si los gobiernos, los donantes, las empresas y las organizaciones internacionales no aceleran los esfuerzos para responder a sus necesidades básicas.

El director ejecutivo de Unicef Comité Español, Javier Martos, explicó que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España se sitúa en el 34,4%, aunque en algunos colectivos como las familias de padres migrantes alcanza el 60,3%. Con la crisis, señaló Martos, ha aumentado la pobreza infantil hasta alcanzar a 2,5 millones de niños y los colectivos que se encontraban en una situación de pobreza antes de la crisis se han visto más afectados, como las familias monoparentales, las numerosas, las de migrantes o las de gitanos.

"En estos tiempos, lo que estamos viendo es que el hecho de tener niños es un factor de riesgo para que una familia sea pobre porque, como han bajado los salarios, hay una pobreza de trabajadores, de familias en las que uno de los padres trabaja, pero los ingresos no les permiten cubrir sus necesidades básicas", indicó.

Tolerancia a la violencia

Por su parte, Save the Children denunció ayer que en España la violencia contra la infancia tiene "un nivel de tolerancia social muy elevado". Una afirmación que hizo el director general de la entidad, Andrés Conde, que pidió más datos estadísticos y demandó una ley integral que luche contra todas las formas de violencia contra la infancia.

Por otro lado, Cáritas Europa instó ayer a los líderes que van a participar en la reunión del Consejo Europeo a "reconsiderar" el acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados. En su lugar, les pide que garanticen el derecho a procedimientos de asilo justos.