El escándalo estalló en Barcelona pero su onda expansiva ya ha llegado a Vigo. Días después de que el arzobispo de Barcelona revelase que el pasado 6 de marzo había expulsado al tesorero de la orden seglar bajo su dependencia Pía Unión de los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, Vicente Samán, por haber cometido presuntas irregularidades económicas, un delegado arzobispal ha sido enviado a Vigo para registrar la sede que tiene en la ciudad olívica en busca de posibles ramificaciones de esa supuesta actividad delictiva. Porque Samán vivió durante un tiempo en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Salud, ubicada en la Avenida de Galicia, en el barrio de Teis. El emisario del arzobispo catalán, en calidad de comisario eclesiástico que asume transitoriamente la dirección de la asociación, ofrece este mediodía una rueda de prensa junto con el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro,para explicar su presencia en la ciudad y el resultado de sus indagaciones.

El caso surgió después de que la Policía Autonómica catalana hubiese arrestado a Vicente Samán, un miembro de la orden de origen peruano, acusado de haber cometido supuestas irregularidades en la gestión del patrimonio. Al parecer las sospechas se confirmaron cuando el arzobispado tuvo conocimiento de unas operaciones inmobiliarias realizadas por el apoderado ya detenido.

Sin embargo, no se descarta que haya otros delitos. El propio Omella, que también es cardenal de Barcelona, dejó abierta esta posibilidad. Tras reconocer que diferentes alertas le habían llevado a descubrir "un tema delictivo", el arzobispo de Barcelona adelantó de forma críptica que podría haber otro tipo de irregularidades "de carácter más moral que económico". Cuestionado sobre si estaba apuntando a posibles abusos, monseñor se limitó a no descartarlo. Según el diario El País, fuentes del arzobispado rechazan que en este segundo caso estuviesen involucradas personas atendidas por la orden de beneficencia.

El arzobispado barcelonés se ha personado como acusación particular en esta causa denunciada a la policía sobre la cual, posteriormente, se abrirá el correspondiente proceso judicial previsto por la justicia civil ordinaria.

Por su parte, el obispado de Tui-Vigo, en un comunicado sobre este asunto, aseguró que "como es nuestra práctica habitual en situaciones tales, desea el pronto esclarecimiento de la verdad de los hechos y para ello se ofrece a colaborar plenamente con la justicia en lo que pudiera ser útil".