Joaquín García y su esposa, padres de una de las falsas monjas de Orden y Mandato San Miguel Arcángel que siguen fieles al fundador, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, abrieron ayer en el Juzgado de Instrucción 1 de Tui la ronda de declaraciones de perjudicados y testigos contra el cabecilla de la denominada secta de Oia, en prisión provisional desde diciembre de 2014. Ambos por separado, testificaron durante más de dos horas cada uno y "contaron su versión de los hechos" , según explicó Ana Reguera, la abogada que ejercita la acusación particular en representación del grupo de familiares y supuestas víctimas. Los dos, relataron las supuestas manipulaciones de Rosendo, así como las vejaciones a las víctimas y cómo les convencía para las aportaciones económicas. Despuésabandonaron el juzgado sin declaraciones a los medios de comunicación. "No vamos a entrar en una guerra mediática", dijo su abogada, Ana Reguera.
Los padres de Lorena García han sido los primeros en declarar de los 21 testigos citados por la juez de Tui tras levantarse el secreto de sumario de esta causa, en la que hay 13 investigados -con el fundador y su mano derecha Marta Paz, figuran integrantes de la junta de gobierno de la asociación suspendida por el Obispado de Tui Vigo en 2014 entre los que figuran abogados, psicólogos, ingenieros y una exfiscal- . En concreto se les implica en presuntos delitos de asociación ilícita, contra la Hacienda Pública y abuso sexual, éste último atribuido exclusivamente al cabecilla, Feliciano Miguel Rosendo.
Las declaraciones de perjudicados y testigos se prolongarán hasta junio. Por el juzgado de Tui pasarán algunas de las víctimas, así como los hijos de Miguel Rosendo y su mujer, además del visitador canónico designado en su día por el Obispado para investigar las denuncias y cuyo informe llevó a la disolución de los miguelianos. La fortuna amasada por Rosendo así como los abusos sexuales que algunas seguidoras aseguran haber sufrido, en ocasiones con varias de ellas juntas, centrarán unos interrogatorios que incluyen la entrega del patrimonio de sus adeptos que llegaron a vender sus pisos y le dieron el dinero. La manipulación era tal, según los denunciantes, que Rosendo decidía hasta con quien debían casarse.
La abogada Ana Reguera avanzó que la instrucción se va a "llevar de la manera más discreta posible", sobre todo porque algunas víctimas todavía tienen hijos e hijas a los que deben explicar lo ocurrido, cosas muy íntimas que no quieren que salgan a la luz. Señaló que las víctimas de los presuntos abusos sexuales están "en un estado delicado" y que los hechos investigados "les han afectado mucho". Sus representados, indicó, no solo buscan "reparar el daño moral" sino también ejercer la acusación por los ilícitos penales de los que considera "hay pruebas suficientes" .
La abogada apela al derecho a la intimidad de sus clientes para justificar que interrumpieran sus apariciones públicas tras denunciar en rueda de prensa lo que consideran una secta, porque entonces estaban "desesperados por poder encontrar a sus hijas". Una vez que se inició el procedimiento judicial, indica, "lo que quieren es que lo lleve el juzgado".
En sus comparecencias públicas, antes de la detención de Miguel Rosendo, denunciaron presuntos abusos sexuales, físicos y psicológicos en el núcleo de esta organización y que su líder utilizó sus dotes de seducción para formar una organización que llegó a reunir hasta 400 personas. El engaño se prolongó durante años e incluso consiguió el cobijo de la Iglesia católica y del párroco de la cárcel de A Lama, que fue quien denunció lo que ocurría cuando tuvo conocimiento de ello.
Apoyo del Obispado
El obispo Luis Quinteiro Fiuza, en el año 2014, firmó primero la suspensión de Rosendo al frente de la asociación y poco después el decreto de supresión de la Orden y Mandato. El Obispado de Tui-Vigo, que de momento no se ha personado en la causa judicial, manifestó ayer su deseo de "mostrar cercanía e interés por las víctimas y familiares, rogando por todos ellos". A través del departamento de comunicación indicó que en todo momento ha colaborado con la justicia con todo aquello que se le ha requerido y, "como diócesis, queremos que se esclarezcan los hechos y haya luz y transparencia en este suceso".
