El gobernador del estado de Misisipi, Phil Bryant, promulgó ayer una ley según la cual las instituciones públicas y las empresas privadas pueden denegar sus servicios a parejas homosexuales por "creencias religiosas y convicciones morales". La medida, reclamada por organizaciones religiosas y duramente criticada por la comunidad LGTBI, pone negro sobre blanco el rechazo de las autoridades de Misisipi al matrimonio entre personas del mismo sexo, avalado por el Tribunal Supremo en 2015.