La polémica por las denuncias realizadas sobre la falta de asistencia médica a las mujeres que deben abortar en el segundo trimestre del embarazo en el Materno de A Coruña llegó ayer al Parlamento de Galicia. Todos los grupos de la oposición pidieron la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para que explique si tal y como alerta la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto el hospital coruñés "incumple protocolos internacionales" a la hora de atender a quienes se ven abocadas a interrumpir su embarazo a partir de la 14 semana debido a una malformación del feto o a que su vida corre peligro.

La Plataforma, que hoy convoca una protesta en el Registro del Hospital Universitario, alertó el pasado martes de que estas mujeres no tienen la garantía de ser atendidas por un médico y una matrona durante el proceso abortivo, una situación que lleva a que muchas expulsen el feto solas en su habitación o incluso en el baño. Desde la asociación recuerdan que, en la práctica, un aborto en un embarazo avanzado es "similar a un parto de un feto muerto" y por ello piden el mismo trato.

Por su parte, desde el BNG, instaron ayer a "respetar los mínimos que marcan los protocolos" para los abortos a partir de la 14 semana mientras que Eva Solla, de AGE, denunció que no hay "ninguna justificación" para no recibir atención médica durante el aborto y resaltó que esta situación "pone en peligro la vida de las mujeres".

"Consideramos necesario que se doten de servicios para que en esta situación, ya de por sí traumática para las mujeres, se disponga tanto de personal sanitario como de anestesia epidural, igual que si se tratase de un parto", indicaba ayer la concejala de Igualdade del gobierno local, Rocío Fraga.

Desde el grupo municipal del PSdeG se sumaron ayer a las críticas de la Plataforma al denunciar la situación "cruel e injusta" que viven muchas mujeres "desamparadas y desatendidas justo cuando atraviesan por uno de los peores momentos de su vida", según indicó la secretaria general de la agrupación socialista, Mar Barcón. Los socialistas resaltan que la dinámica habitual ante la falta de garantías de asistencia médica a estas mujeres es darles la opción de abortar en el Materno o bien ser derivadas, bajo coste de la administración, a Madrid, donde sí cuentan con profesionales especializados que realizan un seguimiento del proceso. Para ello aportan datos. "De 2011 a 2015, el Centro de Orientación Familiar de Orillamar derivó 169 abortos legales en el segundo trimestre del embarazo, de los que 81 fueron al Materno y 71 a Madrid. Un 12% de los abortos tuvo complicaciones psicológicas", señaló ayer la diputada socialista y trabajadora del COF Marián Ferreiro, quien criticó que pese a tratarse de abortos recogidos dentro de la legislación, las mujeres tengan que desplazarse a otra comunidad. Para Ferreiro, esta situación tiene un trasfondo "ideológico". "No están de acuerdo con estos procedimientos y los recortes se centran en este área", indica para aclarar que muchas veces "el problema no es de los profesionales que realizan abortos, sino de las órdenes que reciben desde arriba".

Desde el Materno reconocen que estas mujeres ingresan en el área de Ginecología, no en la zona de partos, pero aseguran que reciben una correcta atención ya que hay personal médico, de enfermería y matronas "las 24 horas".