La Fiscalía decidirá si actúa de oficio en el proceso que investiga si tres monjas originarias de la India estaban retenidas contra su voluntad en el convento de clausura de las Mercedarias de Santiago. Según fuentes jurídicas, las mujeres no han presentado denuncia, por lo que la Fiscalía valorará "los indicios" para decidir si ejerce o no la acusación en una causa que debe ir a reparto judicial.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explicó ayer que investiga la "denuncia" el juzgado de instrucción número 1 de Santiago. La juez, tras recibir el viernes atestado de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, autorizó un dispositivo para "comprobar el sábado que las mujeres que allí viven lo estaban haciendo por voluntad propia". Tras hablar con cinco monjas de la India, dos de ellas indicaron que querían continuar en el convento y otras tres "manifestaron su voluntad de abandonar el centro, lo que hicieron ese mismo día acompañadas por la comitiva judicial". El juzgado, según el TSXG, investiga "el motivo de que dos mujeres de la India con permiso de residencia fueran deportadas en 2011" y "si las que el sábado decidieron abandonar el convento tenían acceso a esa documentación para poder salir del centro libremente".

Fuentes de la investigación apuntan que esta busca dirimir si hubo coacción o retención ilegal, si el convento les ocultó o no información sobre su situación legal en España -tienen permiso de residencia-. Al parecer, no tenían su documentación con ellas, sino en la congregación.

Ayer no había ningún detenido ni nadie había sido citado a declarar aunque la Policía señala que la investigación sigue abierta.

Fuentes del Arzobispado de Santiago aseguraron ayer a Europa Press que la congregación les trasladó que las monjas "no estaban retenidas" en el convento ni había habido "coacciones". En un comunicado, resaltan que dos de las religiosas "hace un año y medio estuvieron con sus familias de origen y regresaron libre y voluntariamente al convento" y ponen de ejemplo a otra, también de la India, a la que se le concedió la dispensa de votos en 2015.

Añade que dos de las religiosas originarias de la India solicitaron "formalmente" dejar la comunidad el 14 de enero a la superiora, que "dio curso a la solicitud". Las diligencias "no se dilatarían más allá de un mes desde la remisión de la documentación" -que fue "concluida a nivel diocesano el pasado 21 de enero"- "a la congregación correspondiente de la Santa Sede", un "ritmo rápido".

Tras subrayar que "no consta a la autoridad diocesana que ninguna de las religiosas que han abandonado el convento hubieran pedido hacerlo antes de concluidos" los procedimientos, el Arzobispado dice que "sorprende a la comunidad" la denuncia y el "revuelo" provocado.

Las Mercedarias de Santiago y la diócesis, añaden, "sienten preocupación ante la situación de desamparo "que puedan estar viviendo las tres mujeres -que formaban parte de la comunidad mercedaria desde hace entre 17 y 15 años, no eran "recién llegadas"- y manifiestan su "disposición" a "procurar cuanto puedan necesitar en tanto retoman su nueva vida". Para la Fiscalía era también del "máximo interés" buscarles un lugar de acogida y asesorarlas por su situación de vulnerabilidad y "desamparo" y así se hizo.

La investigación se inició cuando el 7 de enero una mujer que había dejado el convento manifestó a la Policía en Madrid que "varias compañeras suyas querían abandonar un convento situado en Santiago" y "hasta el momento no lo habían conseguido".