Algunas comunidades autónomas, incluida Galicia, solicitaban un certificado de penales a los nuevos profesores ante el retraso en la puesta en marcha del Registro, algo que los sindicatos de profesores denunciaron puesto que ponía en manos de los directores de los centros información personal que no tenía que ver con antecedentes por abusos sexuales. "Ahora los centros no tienen que cargar con esa burocracia y son las propias administraciones las que cruzan los datos con total confidencialidad", destaca Julio Díaz, del sindicato de profesores ANPE, que explica que el certificado se les pedirá solo a los que accedan a la enseñanza por oposición y para sustituciones."Es muy conveniente este control", apunta.