El Gobierno da un paso más en su compromiso de protección del menor en internet con el impulso de toda una batería de recomendaciones que forman parte de un ambicioso informe sobre redes sociales presentado ayer y consensuado por todos los grupos políticos en el Congreso.
La alfabetización digital de los menores y de las personas más cercanas a este colectivo, además de una protección jurídica más específica dentro de este entorno virtual que es la red, con grandes ventajas pero asimismo con enormes riesgos, son algunas de las sugerencias de este documento, elaborado por la Subcomisión de Estudio sobre redes sociales, constituida en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
El documento, fruto de tres años de trabajos y que incluye aportaciones de medio centenar de expertos y un centenar de organizaciones, plantea asimismo la necesidad de garantizar la seguridad tecnológica directamente "de serie" por parte de la propia industria, como se exige en el sector de la automoción.
Desde el punto de vista educativo se insta al despliegue de acciones formativas para enseñar a los menores a ser conscientes de los peligros en internet, y también a sus familias, profesores, personal sanitario y a los policías para dotarlos de herramientas de apoyo a los niños en su manejo de las redes sociales. En el informe se propone además la actualización de los planes educativos docentes para adaptarlos progresivamente a la evolución de internet. Entre otras recomendaciones básica, recuerda cuidar la llamada identidad digital, no compartir contraseñas y fotografías, así como vigilar las webcams y no contactar en la vida real con desconocidos que proceden del mundo virtual.
También se anima a la coordinación de todos los agentes implicados en temas de protección ciudadana en internet: desde las acciones de las administraciones públicas, comunidades autónomas y municipios, hasta las de entidades del sector privado (empresas, instituciones educativas, organizaciones, asociaciones).
Desde el punto de vista de la regulación se recomienda abordar más eficazmente escenarios como el de las identidades suplantadas en internet, cuando alguien se hace pasar por otra persona, algo que es cada vez más frecuente. Asimismo, se plantean actualizaciones legales en temas de derechos de honor e intimidad, para que se ajuste su tratamiento a este contexto de internet que exige normativas más específicas.
En el ámbito policial se destacan posibles medidas como el reforzamiento de los recursos destinados a la lucha contra la pornografía infantil en internet o la cesión de datos de tráfico (no de contenidos de comunicaciones) por operadores a agentes facultados judicialmente en la investigación de delitos. También se anima a la lucha contra los contenidos nocivos en internet y a la implantación de sistemas para identificación segura, por ejemplo en páginas web que requieren el uso de datos bancarios o tarjetas de crédito.
