Andrea sienta precedente en España

El caso gallego podría abrir un camino para otros menores terminales

06.10.2015 | 02:09

El caso de la niña gallega Andrea sienta un precedente en España después de que se haya decidido retirarle la alimentación y mantener la hidratación necesaria para permitir su sedación. Es la primera vez que un caso de muerte digna para una menor llega a la justicia y se resuelve de forma favorable a los deseos de la familia, aunque episodios similares han trascendido a la opinión pública a lo largo de estos años.

En Andalucía tuvo lugar en 2006 uno de los más conocidos, el de Inmaculada Echevarría, una mujer de 51 años aquejada de distrofia muscular progresiva, que llevaba casi diez años ingresada en el hospital San Rafael de Granada, y que expresó su deseo de morir. La mujer solicitó de forma oficial, a la Delegación de Salud de Granada y al hospital, la retirada del respirador que la mantenía con vida, petición que fue avalada, en febrero de 2007, por el Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz. Estos organismos consideraron que el caso de Inmaculada se encuadraba en un caso de limitación del esfuerzo terapéutico -un derecho reconocido en la ley estatal de autonomía del paciente y en la ley de salud de Andalucía- y no de eutanasia, práctica prohibida en España junto con el suicidio asistido.

A petición de la Orden Religiosa que gestionaba el hospital donde se encontrada, la mujer fue trasladada a otro dependiente del servicio andaluz de salud para que pusieran fin a su vida en 2007. El caso de Inmaculada contribuyó a que la Junta aprobara en 2010 la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en legislar sobre la muerte digna.

Otros casos muy mediáticos, algunos de los cuales han sido llevados a la gran pantalla, no han tenido el respaldo de la justicia por considerarlos eutanasia. El 14 de enero de 1987 la niña bilbaína Mercedes Rodríguez Núñez murió a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía. Desahuciada por los médicos desde su nacimiento, los padres habían solicitado que se le aplicara la eutanasia en repetidas ocasiones sin éxito.

En 1991 el zaragozano José Manuel Soto falleció en su casa víctima de un cáncer en fase terminal, después de abandonar por voluntad propia el hospital donde lo habían sometido a dolorosas pruebas médicas. Catorce meses después de su fallecimiento, un medio publicó un documento póstumo donde reivindicaba el derecho de toda persona a una muerte digna.

En 1998, el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro falleció tras ingerir un preparado de cianuro que le habían proporcionado. Puso fin a su vida después de 29 años de enfermedad tras perder la batalla legal que emprendió en 1993 para que se le aplicara la eutanasia. Incluso, grabó el vídeo de su muerte para que las personas que lo ayudaron en los preparativos no fueran penalizadas. Sólo hubo una imputada en el caso, Ramona Maneiro, apoyada por las firmas de más de 13.000 personas que se culparon de la muerte, hasta que el caso fue archivado por falta de pruebas.

En 2006, el pentapléjico Jorge León, de 53 años, fue encontrado muerto en su domicilio de Valladolid, desconectado de la máquina que lo mantuvo con vida durante seis años, desde que sufriera un accidente doméstico. El hombre solo tenía movilidad en los labios.

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